Paros docentes: advierten que los gremios deberán garantizar el 75% de clases y podrían enfrentar sanciones
La nueva disposición, incluida en un DNU firmado por Milei, obliga a las escuelas a garantizar entre el 50% y el 75% de su funcionamiento durante medidas de fuerza.
A través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU 340/2025), el Gobierno nacional amplió el listado de actividades consideradas "esenciales", incorporando por primera vez al sistema educativo. La medida, firmada por el presidente Javier Milei y todo su gabinete, establece nuevas restricciones al ejercicio del derecho a huelga y exige que se garantice entre el 50% y el 75% del funcionamiento escolar, incluso en contextos de conflicto gremial.
Con este cambio, las instituciones educativas de niveles obligatorios deberán asegurar una prestación mínima del servicio, aún durante paros o protestas docentes.
El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, detalló que "el Ejecutivo puede actuar por la fuerza pública y a través de un amparo, pedirle al juez que obligue a los sindicatos a garantizar el 75% del servicio", sostuvo en Radio Sarmiento.
El funcionario también señaló que, si bien el DNU tiene validez inmediata, considera importante darle un marco legal definitivo: "Mi opinión personal es que esto debería pasar por el Congreso. Lo mejor sería sancionar una ley y terminar con cualquier tipo de presunciones".
Desde los gremios docentes, la reacción no se hizo esperar. Patricia Quiroga, representante de UDAP, adelantó que la medida será judicializada, al considerar que afecta derechos constitucionales.
"No comparto que esto se haga por decreto. Debería debatirse en el Congreso. Los sindicatos vamos a discutirlo en la Justicia, porque se trata del derecho a huelga, que está en la Constitución", expresó en Radio Light.
El DNU aún debe ser ratificado por el Congreso nacional, como establece la normativa vigente. Mientras tanto, la decisión ya genera fuertes tensiones entre el Gobierno y los sindicatos, en un contexto marcado por la conflictividad laboral y las discusiones sobre el rol del Estado en los servicios públicos.
