Fraude inmobiliario y coacción: los entretelones de la mega causa de estafa que sacude a San Juan

En una decisión que dejó perplejos a numerosos damnificados y ha encendido las redes de indignación en San Juan, el Juez de GarantíasRoberto Jorge Montilla optó por imponer prisión domiciliaria a Denise Robles Bonade y Rubén Martín González, acusados en más de 40 causas por defraudación, estafas en inversiones inmobiliarias y financieras. La resolución, que establece tres meses y un año de prisión domiciliaria respectivamente, ha sido ampliamente criticada por afectados y expertos, quienes aseguran que la medida no solo resulta insuficiente ante el enorme perjuicio causado a entre 50 y 60 familias, sino que además desvela presuntas maniobras de coacción y encubrimiento.

El entramado de la estafa

Según las denuncias, la pareja habría engañado a numerosos inversores a través de la venta de propiedades y operaciones financieras fraudulentas. De acuerdo con la causa, Denise Robles iniciaba las negociaciones con potenciales clientes, definiendo aspectos clave como el tamaño y precio de los inmuebles, mientras que Rubén Martín González intervenía en la formalización de los contratos. Durante la audiencia, Robles optó por guardar silencio, mientras González se defendió alegando inocencia y solicitando la investigación de otros involucrados. La defensa de este último argumentó que no se había cometido delito y que únicamente se registraron demoras en los trámites, al tiempo que se alega que ya no es socio de Robles, tras percibir irregularidades en sus maniobras.

Testimonios de las damnificadas

En declaraciones exclusivas a Zonda Diario, dos víctimas del fraude –María José Rojas y Jimena Paroli– narraron sus historias de estafa y denuncian la falta de rigor en la actuación judicial.

María José Rojas: la historia de una inversión truncada

María José Rojas, kinesióloga de profesión, relató cómo se vio envuelta en una operación inmobiliaria que prometía la entrega de un departamento en un plazo de nueve meses.

"En febrero de 2023, mi mamá y yo buscamos invertir en un departamento. Nos contactamos con una supuesta constructora a través de una intermediaria, Celina Pérez, quien nos vinculó con Denise. A pesar de firmar el contrato y pagar en tiempo y forma, el inmueble nunca fue entregado y Denise desapareció, dejando a las familias afectadas sin respuesta".

Rojas también denunció que, en reuniones posteriores, la acusada trató de persuadir a las víctimas para que no iniciaran acciones penales, asegurando que se trataba de un conflicto civil y ofreciendo alternativas poco viables como la permuta de propiedades.

Gimena Paroli: inversión frustrada y denuncia de coacción

Gimena Paroli, quien adquirió un lote para construir su vivienda con recursos propios y un préstamo de su entonces novio –ahora esposo–, contó su amarga experiencia:

"Conocí a Denise, que se presentó como secretaria de Rubén. Realicé el boleto de compraventa con la promesa de escriturar el terreno al año. Sin embargo, comenzaron a surgir complicaciones: me derivaban de una persona a otra hasta que, finalmente, dejaron de responder".

Paroli enfatizó que la situación no solo ha generado pérdidas económicas, sino también un sentimiento de vulnerabilidad y desprotección entre los damnificados. "Hoy es furor en las noticias, pero de acá a seis meses la gente se olvida y el caso queda encajonado. No quiero que pase lo mismo; voy a encargarme de que hasta el último momento cumplan la condena que se merecen", afirmó con determinación.

Críticas a la actuación judicial

Las denuncias no se limitan a la conducta de los acusados. Tanto Rojas como Paroli señalaron prácticas irregulares que ponen en entredicho la imparcialidad y diligencia del poder judicial.

Coacción a las víctimas: Se ha trascendido que, hace 15 días, las denunciadas habrían instado a una de las afectadas a no presentar cargos penales, asegurándole que se trataba de una cuestión civil. La defensa, al solicitar una junta médica para evaluar la capacidad de comprensión de los imputados, ha sido tildada de intento de coacción y de obstaculización a la investigación, poniendo en riesgo no solo la recolección de pruebas, sino también el derecho de los damnificados a la justicia.

Los mensajes que envió Denise Robles a una de las damnificadas

Presuntas irregularidades en la audiencia: Trascendió entre los damnificados que durante la audiencia, el juez se ausentó a un "cuarto intermedio" para pasar el tiempo en el café, regresando para leer una resolución que, según algunos testigos creen los damnificados, parecía redactada de antemano y ajena a la realidad del caso.

Antecedentes judiciales y supuestas conexiones de poder: Se ha informado que tanto Robles como Martín González acumulan más de 20 causas civiles en las que han sido declarados rebeldes por no responder a las demandas. Además, se rumorea la implicación de familiares de uno de los acusados en el poder judicial, lo cual podría haber influido en la laxitud de la medida adoptada.

Más denuncias y la magnitud del fraude

El caso no se limita a las historias de Rojas y Paroli. En los últimos días, han ingresado alrededor de cinco denuncias diarias, alcanzando un total aproximado de 50 denunciantes, con cheques rechazados por cerca de 150 millones de pesos y operaciones fraudulentas que involucran autos a través de una financiera clandestina de propiedad de Denise Robles. Asimismo, se menciona la casi vinculación del escribano Pablo Yosa y la conexión con el fallecido padre de un implicado, lo que abre interrogantes sobre la profundidad de la red de complicidades. La polémica resolución del Juez de Garantías, que permite a los acusados vivir en libertad mediante prisión domiciliaria, ha generado un clamor de indignación entre los damnificados y la sociedad sanjuanina. Las testimonios de María José Rojas y Jimena Paroli evidencian no solo el dolor y la frustración de quienes fueron víctimas de estas operaciones fraudulentas, sino también una justicia que, en apariencia, se muestra complaciente y ajena al rigor que la situación exige. Con denuncias que continúan sumándose y evidencias que apuntan a una estructura de poder influenciada, la lucha de los afectados por recuperar lo perdido y garantizar una condena ejemplar apenas comienza.