Alberto Fernández pide suspender la indagatoria en la causa de los seguros
La cita estaba prevista para este miércoles. La abogada del expresidente sostuvo que la acusación es confusa y generalizada. También reclamó la nulidad de la declaración.
El expresidente Alberto Fernández presentó este lunes un pedido para suspender su declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante su gestión. La audiencia estaba prevista inicialmente para este miércoles en los tribunales de Comodoro Py. Además, Fernández reclamó la nulidad del llamado a indagatoria.
La defensa del exmandatario, encabezada por la abogada Marian Barbitta, argumentó que la imputación contra su cliente es "confusa y generalizada" y sostuvo que el procedimiento debe ser interrumpido debido a una recusación pendiente contra el juez Julián Ercolini. Según Barbitta, la Corte Suprema aún no resolvió esta recusación, lo que, según la defensa, invalida las decisiones tomadas por el magistrado.
"El llamado a indagatoria es nulo por haber sido ordenado por una autoridad judicial cuya imparcialidad está cuestionada", señaló Barbitta en el escrito de 34 páginas presentado ante la justicia. Asimismo, subrayó la falta de precisión en las acusaciones, las cuales, según ella, no especifican ni el marco temporal ni los hechos concretos en los que habría estado involucrado Fernández.
Desde el entorno del expresidente aseguran que este no tuvo participación en el esquema bajo investigación, que apunta a la intermediación de seguros contratados por organismos públicos como el Ministerio de Seguridad y la ANSES. La defensa también destacó que la medida cuestionada, un decreto firmado en diciembre de 2021, no fue impulsada para favorecer intermediarios y que Fernández "ni siquiera conoce a la mayoría de las personas imputadas en la causa".
El decreto 823/2021, pieza clave en la imputación, obligaba a los ministerios y organismos del Estado a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros S.A., eliminando la posibilidad de licitaciones públicas. Según la acusación, esto habría generado un esquema de direccionamiento irregular en la contratación de 45 pólizas.
El juez Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo acusan a Fernández de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Junto al expresidente, hay otras 38 personas imputadas, incluidos el expresidente de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y exfuncionarios de la compañía, como Gustavo García Argibay y Sebastián Díaz Bancalari.
Entre los citados también figuran el broker Héctor Martínez Sosa, su esposa María Cantero, y la exsecretaria de Fernández. Según la imputación, los involucrados habrían operado coordinadamente para direccionar contratos estatales hacia Nación Seguros mediante intermediarios, presuntamente con la connivencia del expresidente.
El decreto que habilitó este esquema fue vetado en agosto de 2024 por el actual presidente Javier Milei mediante el decreto 747/2024, con el argumento de que las contrataciones bajo este marco carecían de transparencia y competencia.
