El Gobierno elimina más de 40 normas de control de precios
Según menciona el texto oficial, lo hace en busca de un mercado más libre y transparente. La medida se suma a las 107 derogaciones hechas por la Secretaría de Industria desde el inicio de la gestión.
El Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, implementó una importante reforma en el marco regulatorio nacional con el objetivo de agilizar las políticas públicas y eliminar obstáculos que encarecen los costos tanto para los productores como para los consumidores. A través de la Resolución 1212/2024, publicada en el Boletín Oficial, se derogaron 43 normas que permitían al Estado intervenir en los precios, regular los mercados y solicitar información innecesaria a las empresas.
Según la normativa, la derogación tiene como fin "modernizar las políticas públicas vinculadas al comercio interno", al mismo tiempo que busca reducir la burocracia y mejorar la eficiencia en las cadenas productivas. El texto oficial explica que estas medidas están alineadas con el Decreto 70/2023 y la Ley 27.742, que promueven una economía más dinámica y libre.
Las 43 regulaciones eliminadas afectaban principalmente controles de precios en sectores como la carne vacuna, los lácteos, los comercios y los supermercados, además de abarcar servicios como las comunicaciones y las farmacias. También se suprimieron requerimientos administrativos que, según la resolución, no habían cumplido con sus objetivos y solo generaban gastos innecesarios de recursos públicos.
La reforma incluyó la derogación de normas que afectaban el flujo del comercio, como una medida que incrementaba los costos de los neumáticos, así como programas que ya no estaban alineados con las políticas de simplificación promovidas por el Gobierno.
Esta decisión se suma a las 107 derogaciones previas realizadas por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, las cuales buscan disminuir las trabas burocráticas y fomentar la competencia. Entre las regulaciones eliminadas anteriormente se destacan las licencias automáticas y no automáticas, el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y la Declaración Jurada de Comercio Exterior (DJCP), que generaban costos elevados, incluyendo aproximadamente 5 millones de dólares y un millón de declaraciones juradas anuales.
