"Ni loco, sobre mi cadáver": la contundente frase de Munisaga sobre el escándalo de La Superiora
Carlos Munisaga, el actual intendente de Rawson, asegura que agotará todas las instancias y remarcó que los exfuncionarios deberán responder por las responsabilidades.
La Municipalidad de Rawson enfrenta una situación crítica debido al escándalo por el monto cerca de 370 millones de pesos que debe pagar por la expropiación de la exbodega La Superiora. Este problema pone bajo la lupa a la gestión del exintendente Rubén García y a la Corte de Justicia de la provincia.
El flamante intendente de Rawson, Carlos Munisaga, fue contundente al expresar su posición sobre la posibilidad de devolver parte del terreno: "Ni loco, sobre mi cadáver, así se lo digo. Vamos a impugnar y a ejercer toda la defensa que sea posible y en definitiva defender los intereses de Rawson".
Munisaga subrayó que hubo "negligencia" por parte de los exfuncionarios del municipio y ahora su atención está centrada en "defender el interés de Rawson ". En sus declaraciones, destacó: "Vamos a agotar todas las posibilidades de defensa para que ese daño no se materialice. Y a la par, todos los responsables tendrán que tener su cauce y hacerse cargo. Pero concentrar todas las energías ante la urgencia de encontrar las instancias de defensa en el proceso judicial. Lo hemos hecho y ahora tiene que resolver la Cámara un pedido de queja que esperemos que esta semana nos lo abra".
La Causa
Siguiendo todos los pasos legales, la administración municipal de Juan Carlos Gioja expropió en 2012 la exbodega La Superiora con el objetivo de hacer allí un Complejo Deportivo y Cultural, y destinar una parte al Museo Mariano Gambier.
Luego de declararlo de utilidad pública por el Concejo Deliberante, el Municipio pagó los 5.800.000 pesos, cifra que determinó el Tribunal de Tasaciones de la Provincia.
La Sociedad Anónima conformada por los hermanos Pallito se sintieron afectados por la tasación y presentaron una demanda porque consideraban que el inmueble tenía un precio mayor. Se realizó una nueva tasación y se fijó un valor de 6.800.000 pesos. Es decir que faltaba pagar un millón a lo que depositó en un primer momento el Municipio.
La causa siguió hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia local, que en marzo de 2023 ordenó realizar una nueva tasación del terreno que se fijó en 220 millones, debiendo pagar el Municipio ese monto más 150 millones por intereses.
Ante dichas resoluciones, la gestión municipal que encabezó Rubén García no hizo nada para oponerse a la resolución judicial.
