El Ejecutivo analiza quitar la reforma política del Pacto de Mayo para poder acordar con gobernadores
La Casa Rosada quiere que el acuerdo nacional sea estrictamente económico. No hará lugar al pedido de algunos mandatarios provinciales de incluir educación y producción en el tratado.
En medio de las negociaciones con los gobernadores, el Gobierno argentino está considerando la posibilidad de eliminar un punto clave del Pacto de Mayo. Según medios nacionales, el punto en cuestión es el noveno, que aboga por una reforma política destinada a realinear los intereses de los representantes con los representados.
La discusión sobre la eliminación de este punto surge en el contexto de la intención del Ejecutivo de rechazar la solicitud de algunos mandatarios provinciales de incluir la educación y la producción como temas a debatir en el acuerdo nacional convocado para el 25 de mayo en la ciudad de Córdoba.
"Estamos considerando reemplazarlo porque queremos que este acuerdo se centre exclusivamente en aspectos económicos y no políticos, aunque aún no hemos decidido cuál sería su reemplazo. No es el momento para abordar cuestiones educativas", expresó un funcionario a medios nacionales.
Desde la Casa Rosada, sostienen que su principal objetivo es alcanzar una tasa de inflación mensual de un solo dígito y promover la reactivación económica. Por ello, el Ejecutivo está buscando acelerar el tratamiento de la Ley Ómnibus, que incluye medidas de desregulación y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
Los puntos propuestos por Javier Milei para el Pacto de Mayo incluyen la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público al 25% del PBI y una reforma tributaria destinada a disminuir la presión impositiva. Además, se plantea la revisión del sistema de coparticipación federal de impuestos, el compromiso de las provincias para explotar los recursos naturales del país, una reforma laboral y previsional, así como la apertura al comercio internacional.
A pesar de los desafíos legislativos, en el Gobierno afirman que seguirán adelante con el pacto, incluso si fracasan la Ley Ómnibus y el paquete fiscal en el Congreso. Además, aseguran que la participación de los gobernadores no es un factor determinante.
"Esta será una oportunidad para que los actores tomen posición. Esperamos que quede claro quiénes respaldan nuestras propuestas y que aquellos que se opongan asuman su responsabilidad ante la sociedad", declaró un funcionario a TN.
El Gobierno también está considerando convocar a una comisión económica liderada por el secretario de Hacienda, Carlos Guibert, que incluiría a todos los ministros económicos provinciales de los gobernadores que se sumen al Pacto de Mayo. Esta comisión tendría como objetivo definir los puntos relacionados con impuestos, economía y jubilaciones que los mandatarios provinciales firmarían en Córdoba.
Según fuentes, el Gobierno cuenta con el respaldo de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio y de figuras como Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). También están buscando sumar a Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y a Hugo Passalacqua (Misiones), con quienes el ministro de Interior, Guillermo Francos, mantendrá reuniones próximamente. Se espera que el acuerdo refleje una división marcada entre gobernadores aliados y opositores a las iniciativas del oficialismo, y no se descarta la participación de gobernadores de la oposición más dura, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gildo Insfrán (Formosa).
