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Desregulación

Milei libera las tarifas de telefonía, internet y cable

Por decreto, ahora los licenciatarios de servicios TIC tendrán la libertad de fijar sus tarifas. Sin embargo, la normativa reafirma la clasificación de dichos servicios como esenciales y estratégicos.

El gobierno liderado por Javier Milei promulgó el Decreto 302/2024 con el propósito de impulsar la liberalización del mercado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), eliminando así la regulación de precios en los servicios de telefonía, televisión por cable e internet.

Esta medida, en línea con la modificación de la Ley Argentina Digital N° 27.078, marca un avance significativo hacia la desregulación de precios en el sector. Su objetivo fundamental es estimular la competencia, promover la inversión y elevar la calidad del servicio ofrecido a los usuarios de todo el país.

Bajo este nuevo marco, los licenciatarios de servicios TIC tendrán la libertad de fijar sus tarifas, una medida que busca estimular la competencia en el sector y, como resultado, promover mejoras en la calidad y diversidad de los servicios ofrecidos a los consumidores.

A pesar de la desregulación de precios, el decreto reafirma la clasificación de los servicios de TIC como esenciales y estratégicos, subrayando el compromiso del Estado en garantizar el acceso universal a dichos servicios.

La normativa establece que los precios fijados por los licenciatarios deben ser justos y razonables, garantizando que cubran los costos de explotación y permitan a todos los argentinos acceder a servicios de calidad.

Qué pasará con los precios de telefonía, TV e internet

Una de las motivaciones detrás de esta reforma es incentivar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, particularmente en zonas rurales y remotas, para reducir la brecha digital en Argentina. Al liberar a los licenciatarios de las restricciones de precios, el gobierno espera estimular la expansión de redes y servicios, asegurando una cobertura más amplia y una mayor inclusión digital.

El gobierno fundamenta su decisión con los siguientes argumentos: "Que es de destacar que ante el creciente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, la contemplación de las diferentes circunstancias del mercado resulta fundamental, tanto para favorecer su dinamismo y generar un equilibrio competitivo sostenible como para asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad, extremos que se contraponen con la regulación tarifaria establecida por el Decreto690/20".

Además, el decreto sostiene "que en cuanto al fondo de la cuestión, es importante mencionar que los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar los precios de sus servicios libremente".

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