La Corte Suprema negocia con el Gobierno un aumento del 12,5% para el Poder Judicial
Fue oficializado por Acordada y es retroactivo a diciembre. Descomprime tensión a la espera del proyecto oficial de "autonomía".
En su primer día hábil tras la feria judicial, la Corte Suprema de Justicia, con la firma unánime de todos sus miembros, promulgó la Acordada 1021/2023, que establece un aumento salarial del 12,5% retroactivo al mes de diciembre del año anterior.
El anuncio del incremento era ampliamente aguardado por el personal del Poder Judicial, incluyendo jueces, funcionarios, empleados, así como también por los integrantes de los Ministerios Públicos y su personal, quienes tienen cláusulas de vinculación salarial con las subidas que autoriza la Corte.
La medida llega tras la revelación por parte de Ámbito sobre las inquietudes predominantes en el ámbito judicial, especialmente en lo concerniente a la recomposición salarial en medio de un contexto inflacionario y la incertidumbre derivada del no traspaso de la justicia nacional en zona crítica.
El aumento impacta en todas las categorías del escalafón del Poder Judicial y tiene efecto desde el 1 de diciembre de 2023, considerándolo un incremento correspondiente al año anterior. Esto implica que las negociaciones paritarias para el presente año aún no han sido iniciadas.
Los miembros de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, comunicaron además que han solicitado al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, la modificación de las partidas presupuestarias para dar cumplimiento a los aumentos salariales estipulados, un procedimiento común cuando el incremento está acordado con el Poder Ejecutivo.
El Gobierno, por su parte, espera con expectativa la decisión de la Corte respecto al futuro del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), especialmente ante los planteamientos que cuestionan la competencia originaria del máximo Tribunal sobre este asunto, especialmente desde ámbitos como el Laboral o el Contencioso Administrativo Federal. La justicia laboral, a solicitud de la CGT, mantiene en suspenso la resolución del capítulo laboral del decreto.
