El día en el que se terminó el sueño de la Alianza en San Juan

En diciembre de 2001, Fernando de la Rúa abandonó en helicóptero la Casa Rosada poniendo fin al gobierno de la Alianza, aunque el certificado de defunción de dicha  coalición política lo había firmado Carlos "Chacho" Álvarez cuando renunció a la vicepresidencia en octubre de 2000.

En San Juan, no pasó mucho tiempo para que la gobernación de Alfredo Avelín, que había llegado al sillón de Sarmiento en la boleta de Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación, también llegara a su fin.

Con el justicialista Eduardo Duhalde en la Presidencia, el 26 de agosto de 2002, la Legislatura Provincial suspendió a Avelín en sus funciones, destituyéndolo un mes después. El vicegobernador, el bloquista Wbaldino Acosta, asumió en su reemplazo.

El 26 de agosto, con el apoyo de diputados del Justicialismo, Desarrollo y Justicia, la UCR y el partido Bloquista, la Sala Acusadora logró los votos necesarios para suspender al entonces mandatario provincial, luego de analizar una denuncia presentada por la Mesa Intersindical Estatal, por "poner en riesgo el normal desenvolvimiento de la administración, no pagar los sueldos, no garantizar la salud y la educación, y por no depositar las retenciones de los empleados".

La Mesa Intersindical Estatal estaba integrada por la Unión Personal Civil de la Nación, trabajadores de la Sanidad, empleados de la Educación, la Unión Docentes Agremiados Provinciales, la Unión Docentes Argentinos, obreros viales, el personal legislativo y la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados.

Alfredo Avelín Nollens, hijo del exmandatario, califica a la destitución de Avelín como "un ultraje a la democracia y un golpe de Estado que se produjo en San Juan. La provincia perdió a un gobernador honesto y digno. La destitución fue algo premeditado".

Sobre la situación social y económica que se vivía en la provincia en esos años, y que llevaron a promoverle el jucio político al entonces Gobernador, Avelín Nollens recuerda: "Don Alfredo se opuso terminantemente a firmar los 14 puntos que exigían en ese momento el Fondo Monetario Internacional que significaba bajar los sueldos y echar gente a la calle. Ante dicha decisión, el Gobierno Nacional cortó los fondos a la provincia y no se pudieron pagar los sueldos. A partir de esa situación, sectores de la Alianza, integrado por gente del radicalismo y el bloquismo, junto al sector justicialista, llevaron a realizarle un juicio político a un hombre honesto". 

"Se lo echó a Avelín por no pagar los sueldos y a los 15 días llegaron todos los fondos a la provincia. Fue un complot a nivel nacional y provincial", agrega el dirigente de la Cruzada Renovadora.

Avelín Nollens señala que su padre "conocía de este complot, sabía que su suerte estaba echada, pero no quiso renunciar porque era un hombre de principios que creyó en sus banderas hasta último momento y siempre creyó en las instituciones".

Durante el juicio político que se llevó adelante, Avelín también optó por no defenderse, su abogada defensora, nombrada por sorteo de la lista de defensores oficiales, Virginia Guillen, no se reunió ni en una sola oportunidad con el mandatario para planificar la defensa.

"Cuando lo suspenden llega a su casa de avenida Córdoba y llama a la mujer que trabaja con la familia y le dice: "Esther preparame el guardapolvo que comienzo a atender en el consultorio, y recién lo habían suspendido. El lunes comenzó a atender a la gente gratis como era su costumbre", resalta Avelín Nollens.

Por su parte, la exdiputada bloquista Nélida Monserrat, en aquella oportunidad titular de la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados, rememora: "Fue muy triste haber tomado esa decisión porque Avelín era un hombre bueno. Fui una de las convencidas de la Alianza, al igual que mucho de los diputados. Incluso fue muy difícil para el vicegobernador tomar la decisión".

Más allá de lo difícil que fue haber tomado la decisión, Monserrat reconoce que esos momentos no existían muchas opciones porque "la situación económica y social no daba para más. Al Gobernador no le estaban saliendo bien y la provincia estaba incendiada".

"Anteriormente a ese juicio político, se presentaron tres denuncias que no prosperaron, pero al final no quedo otra que hacerlo porque la gente estaba muy molesta, no cobraba los sueldos, cacerolazos en la puerta de los funcionarios, ingresaron a la Legislatura y rompieron todo, bloquearon la Casa de Gobierno", destaca la exlegisladora, que encabezó la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora, junto a la radical Delia Pappano y el juticialista Tulio Del Bono. 

Finalmente el 24 de septiembre, un mes después de que se lo suspendiera de sus funciones, la Sala Acusadora destituyó a Avelín de la gobernación de San Juan. De los cuatro cargos de los que fue acusado, fue encontrado culpable en tres: Administración deficiente y negligente con riesgo al normal desenvolvimiento de la administración, la prestación de sus servicios esenciales y daños sociales irreparables;  Violación del derecho constitucional a la salud; e Incumplimiento de los deberes de funcionario público por no garantizar el derecho humano a la educación.

En tanto, el mandatario fue absuelto por el cargo de "violación de los deberes como empleador y agente de retención, por la falta de transferencia de distintos conceptos retenidos a los empleados públicos de sus nóminas salariales y falta de aseguramiento de riesgos de trabajo".