Perú, desventuras políticas y crecimiento económico
La arriesgada jugada de Pedro Castillo salió mal. Mientras el parlamento buscaba los mágicos 87 votos necesarios para removerlo por incapacidad moral, el hasta ayer presidente de Perú decidía dar un autogolpe.
Era su última carta, sin haber tenido nunca la posibilidad de construir una mayoría parlamentaria, apostó por jugarse su carrera política y su lugar en la futura historia del Perú, la que se escribirá en los manuales de escuela, intentando dar un autogolpe.
En su corto discurso de ayer a la nación, Castillo, un sindicalista de izquierda que llegó al poder de la mano del partido Perú Libre, de tendencia marxista-leninista, se lo notó algo nervioso. Anunció los puntos de lo que debería ser su nuevo "gobierno de excepción", en el que pretendía disolver el Congreso, declarar el estado de sitio, intervenir el poder judicial, gobernar por decreto, llamar en nueve meses a elecciones para la conformación un nuevo parlamento y llevar adelante una profunda reforma constitucional.
Técnicamente se convertiría en un dictador pro tempore, aunque muchos políticos y cancillerías de la región se cuidaron de no llamar así al ahora fallido ex presidente.
Castillo creyó que podía tener el mismo éxito de Fujimori, que realizó una maniobra similar en 1992, pero no contó con que ésta era una época de cierta solides institucional en el país y con el hartazgo de la sociedad.
Desde el momento en que realizó el anuncio comenzó el derrotero descendente. Aquellos que promovían su destitución en el Congreso, y que no estaban seguros de tener los 87 votos necesarios para removerlo, no solo los consiguieron sino que elevaron la cifra a 101, mientras que las fuerzas armadas y de seguridad le negaron cualquier respaldo y la población salió a la calle a manifestarse. Conclusión: pasó menos de una hora entre su desventurada propuesta y su detención.
Mientras esto pasaba, la vicepresidente Dina Boluarte, originariamente de la misma alianza política que impulsó a Castillo y que hasta el pasado mes de noviembre había sido paralelamente Ministra de Desarrollo e Inclusión, se acercó al Congreso para mostrar su apoyo y terminó siendo ungida presidente, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar la Casa de Pizarro.
Vale aclarar que el congreso peruano es un parlamento unicameral con 130 miembros, que está integrado por doce pequeñas bancadas y algunos votos sueltos, donde los nuevos oficialismos nunca podrán alcanzar mayorías parlamentarias y cuyos integrantes están condenados a encontrar acuerdos. Además, desde la reforma constitucional de 2018, tanto los presidentes como los congresales no pueden ser reelectos, por lo que se terminaron las carreras parlamentarias y desaparecieron esos lobistas que vivían eternamente de la negociación política.
Sin embargo, en esta aparente precariedad, dada por la inexistencia de mayorías y la constante renovación parlamentaria, está su fortaleza. Y es que, desde la Constitución de 1839, el Congreso se guarda una bala de plata y esa es la remoción del presidente bajo la figura de "vacancia por incapacidad moral".
En un congreso balcanizado, desaparecidos los grandes partidos de masas que generaban automáticas mayorías parlamentarias, parece ser cada vez más fácil obtener la mágica cifra de 87 votos, el 67% del total, para remover a un presidente. Le pasó a Kuczynski, a Vizcarra y ahora a Castillo. No importa la ideología, si hay corrupción hay remoción, y si ya no es presidente hay juicio y detención. Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala pueden dar testimonio de ello.
El riesgo era alto, pero Castillo, que tuvo probablemente una de las presidencias políticamente más inestables, envuelto en investigaciones por corrupción y acusado de recibir coimas provenientes de la obra pública, no vio otra salida.
Mientras tanto, el divorcio entre economía y política hace que el Perú continúe siendo uno de los países de la región más sólidos macroeconómicamente. Quizá la clave está en que el presidente del Banco Central es completamente independiente del poder político -de hecho dura seis años en el gobierno, más que el propio presidente de la Nación-, que el país es uno de los que recibe la mayor cantidad de inversión extranjera directa en la región y que encabeza el ranking de radicación de empresas extranjeras, principalmente dedicadas a la actividad minera.
Mientras reina la anarquía política, la locomotora económica no piensa en parar.
