La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos de las defensas y ratificó que el Tribunal Oral Federal 2 deberá ejecutar el decomiso por más de 684 mil millones de pesos, derivados de la maniobra de fraude en la obra pública.

La Sala IV ratificó el fallo que invalida los artículos 2 y 3 del decreto 340. El tribunal sostuvo que el Congreso estaba en funciones y que no se cumplían las condiciones de excepcionalidad requeridas por la Constitución para dictar un DNU.

Tras la sentencia por la estatización, la jueza Preska le adjudicó parte de las acciones al fondo Bainbridge, en un fallo separado por una deuda de u$s95 millones. La presión legal crece.

El magistrado está imputado por intentar favorecer a un detenido y, pese a las denuncias que presentó para defenderse, la Justicia volvió a rechazar sus planteos.

 La sentencia podría confirmar, modificar o anular las condenas, mientras el calendario electoral avanza con la posible postulación de Cristina Kirchner, que podría obtener fueros.