Desestiman la segunda denuncia de Montilla

El juez Roberto Montilla sufrió otro revés judicial en el marco del escándalo que lo tiene como protagonista. Esta vez, el fiscal Nicolás Schiattino, de la UFI Delitos Especiales, desestimó su segunda denuncia relacionada a la supuesta filtración de los videos que lo muestran en la Comisaría Cuarta intentando favorecer a un detenido.

La denuncia había sido presentada inicialmente en la Justicia Federal, donde fue rechazada por incompetencia y remitida a la Justicia ordinaria. Allí, Schiattino analizó el planteo y concluyó que no existen pruebas ni indicios de delito por parte de los policías que registraron su paso por la seccional, como tampoco de otros funcionarios.

Montilla sostenía que los efectivos habían recibido dinero para filtrar las imágenes a los medios de comunicación, con el fin de desprestigiarlo y afectar su debido proceso. Sin embargo, el fiscal entendió que los registros provienen de cámaras públicas instaladas en espacios públicos, que las imágenes difundidas no afectan la dignidad, intimidad ni honor del juez y que la publicación de esas grabaciones forma parte del derecho constitucional a la libertad de expresión y prensa.

Además, Schiattino recordó que el secreto de las fuentes periodísticas está protegido por la Constitución Nacional, por lo que rechazó el pedido de Montilla de citar a declarar a los responsables de los medios que difundieron los videos.

Un escándalo que sigue creciendo

El trasfondo de esta situación es la causa penal que investiga a Montilla por presunta usurpación de funciones en grado de tentativa e incumplimiento de deberes de funcionario público. El juez está acusado de haber realizado llamados y gestiones en persona para lograr el traslado de un detenido —José Benito Martín, acusado de estafa— a una residencia de adultos mayores, a pesar de no tener competencia en esa causa.

La actuación irregular fue advertida por la fiscal de Flagrancia Paula Carena y denunciada por su par Iván Grassi. Desde entonces, Montilla inició una serie de contraataques legales: primero, denunció a Grassi por tráfico de influencias, injurias e incumplimiento de deberes, pero esa presentación fue desestimada rápidamente por el fiscal Francisco Micheltorena, quien incluso criticó en duros términos la fundamentación de la denuncia.

Luego, el magistrado intentó judicializar la difusión de los videos de su paso por la comisaría, aunque también esa estrategia fracasó.