El abogado Marcelo Arancibia, autor de la denuncia penal por el Acueducto Gran Tulum, señaló que la prórroga concedida para investigar la obra vence en la primera semana de noviembre. En ese plazo, la Justicia deberá resolver si el expediente avanza o queda cerrado.
Según explicó, la Fiscalía debe definir si formaliza la investigación, instancia procesal que habilita a seguir reuniendo pruebas, para determinar si existieron delitos contra la administración pública. La alternativa, añadió, es el archivo de la causa. La definición resulta clave porque marcará si el caso pasa a una etapa de mayor profundidad o si se interrumpe sin nuevas medidas.
Medidas ya realizadas
Arancibia indicó que en los últimos meses se hicieron allanamientos y se secuestraron computadoras. También sostuvo que todavía quedan medidas de prueba por producir y que algunas podrían ser irrepetibles, es decir, diligencias que no podrían practicarse más adelante con el mismo valor probatorio.
Monto de la obra
El abogado remarcó que, por ahora, no hay personas imputadas formalmente en la causa. Además, pidió que se esclarezca qué ocurrió con una obra que, según indicó, costó en total 210 millones de dólares. De ese total, afirmó que 100 millones correspondieron a los caños y que ese componente fue pagado con un préstamo de Kuwait.
La definición judicial sobre la formalización o el archivo quedará atada al vencimiento de la prórroga en la primera semana de noviembre. Hasta entonces, la causa seguirá en una instancia preliminar, con medidas pendientes que podrían incidir en el rumbo del expediente.
