La Comisión de Economías y Desarrollo Regional, presidida por el diputado Luis Basterra (UP), realizó este martes una reunión informativa en la que representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) advirtieron que el proyecto de Presupuesto 2027 “propone derogar la fuente de financiamiento del instituto”. La observación se concentró en el artículo 21 de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo. Según expusieron, la medida alcanzaría una fuente específica de recursos prevista por ley y tendría impacto sobre la previsibilidad presupuestaria del organismo.
Antecedentes y estructura
Durante el encuentro, Luis Basterra explicó que el INTA cuenta con consejos regionales de base amplia, integrados por consejos profesionales, gobiernos provinciales y organizaciones de productores. Señaló que en cada región esos cuerpos tienen capacidad resolutiva sobre programas y planes de trabajo del instituto. También informó que los centros regionales delegaron en sus presidentes el análisis presupuestario vinculado al financiamiento y que remitieron una nota con sus preocupaciones al respecto. Ese esquema institucional fue presentado como parte del marco de funcionamiento del organismo y de su relación con el territorio.
La objeción al artículo 21
De forma virtual, Ricardo Garzia, presidente del Consejo del Centro de la Agricultura Familiar del INTA, expresó preocupación por la Ley de Presupuesto y por su efecto sobre el presente y el futuro del instituto. Sostuvo que el organismo “necesita un mejor funcionamiento y rediseñar su representatividad” y afirmó que durante décadas asistió a pequeños y medianos productores, con tareas de sostén tecnológico, capacitación y mejora de procesos productivos. Garzia indicó además que la intención de quitarle al INTA lo que tiene por ley no podría resolverse por la vía presupuestaria, ya que, según dijo, la ley de Presupuesto no puede modificar la ley del INTA ni la alícuota destinada a su fondeo y funcionamiento.
Impacto presupuestario y territorial
Gabriela Volpi Lagrieca, investigadora y representante de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA), precisó que el artículo 21 propone derogar el inciso A del artículo 16 del decreto ley 21.680, que establece una fuente específica de financiamiento equivalente al 0,45% de las importaciones. Afirmó que la eliminación no implicaría solo una reducción para un ejercicio determinado, sino la supresión permanente de una fuente específica y, con ello, una menor previsibilidad presupuestaria. Según detalló, los recursos destinados al organismo entre 2023 y 2027 caerían 50%, el poder adquisitivo de los salarios habría perdido cerca de 40% y el proyecto prevé para 2027 una reducción de 18% del presupuesto del INTA. También señaló que desde 2023 el plantel se redujo 27%, que no se suma personal hace tres años, que se desvincularon 1.300 trabajadores y que se cerraron 50 agencias de extensión rural y la estación experimental agropecuaria AMBA.
Autarquía y representatividad
Garzia sostuvo que sostener por ley la autarquía del INTA es central para garantizar su funcionamiento y su futuro, y pidió revisar el artículo 21 por las consecuencias negativas que, según planteó, tendría sobre el financiamiento. También reclamó detener el éxodo de personal y preservar la presencia federal para asistir científicamente a productores de mayor vulnerabilidad. En la misma línea, afirmó que el organismo atraviesa un proceso de reducción desde hace años y que eso genera pérdidas económicas, sociales y ambientales para la Argentina. Además, propuso revisar la representatividad del Consejo Directivo Nacional del INTA.
Otros planteos y agenda legislativa
Carla Arizio, investigadora y coordinadora del proyecto de Cannabis Medicinal del INTA, consideró que el presupuesto “no puede ser aprobado tal cual está planteado” porque, a su criterio, no fortalece ni moderniza ni hace crecer al organismo, sino que consolida su desarme. Sebastián Campo, secretario de la Comisión de Bases Federadas, vinculó el rol del INTA con la disponibilidad de información de calidad para los productores y con la manipulación de agroquímicos en el trabajo rural. Del encuentro también participaron Aníbal Duarte, Carlos Baravalle y Carlos Paz. Antes de la reunión, se cubrió una vacante en la vicepresidencia primera con la designación del diputado Pablo Ansaloni (LLA). La comisión, además, pasó a la firma pedidos de informes y proyectos vinculados con economías regionales, producción orgánica, emergencia hídrica y declaraciones de interés para actividades previstas en 2026.
