La diputada nacional Roxana Monzón (UP) presentó un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo informe en 30 días sobre las medidas que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció en la 32ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA). El planteo busca establecer qué respaldo normativo tiene cada anuncio y desde cuándo rige. También apunta a determinar el alcance concreto sobre las pequeñas y medianas empresas (PyMES).
El pedido incluye las cuatro medidas difundidas por el funcionario: la suspensión de los embargos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) a las PyMES hasta mayo de 2027; la ampliación del plan de pagos de hasta 18 cuotas; el uso de saldos a favor por exportaciones para cancelar deudas aduaneras; y una línea de crédito del Banco Nación para la industria automotriz. En el mismo paquete, el ministro anunció una propuesta a las provincias para eliminar el impuesto de sellos, tributo provincial que grava determinados actos y contratos.
Alcance y aplicación El proyecto de Monzón, según el texto presentado, formula 30 preguntas concretas sobre la implementación de esas medidas. Entre otros puntos, solicita saber qué empresas quedan alcanzadas y si la suspensión de embargos incluye los ya trabados. También pide precisar si durante ese período siguen corriendo intereses y multas, y qué ocurrirá en mayo de 2027 para evitar una eventual ola de embargos al finalizar la suspensión. La iniciativa busca además conocer cuántas empresas y puestos de trabajo podrían quedar comprendidos, y cuál sería el costo fiscal de cada medida.
Datos por provincia El proyecto también requiere información desagregada por provincia, sector y tamaño de empresa, junto con un seguimiento público trimestral de los resultados. En el caso del impuesto de sellos, la diputada pregunta por qué la Nación compensaría la mitad de lo recaudado solo a las provincias adheridas al RIGI y al REOR, y qué tratamiento recibirían las jurisdicciones que no adhieran a esos regímenes. El planteo incorpora así un costado federal, porque la eventual eliminación del tributo impactaría en la recaudación provincial.
Monzón sostuvo que “un anuncio no es una norma” y advirtió que, sin un acto oficial, las empresas con cuentas embargadas “no saben desde cuándo ni en qué condiciones podrán recuperarlas”. También afirmó: “No se trata de cuestionar la voluntad de aliviar a las empresas, sino de verificar que el alivio sea real, oportuno y sostenible”. El siguiente paso queda en manos del Poder Ejecutivo, que deberá responder el pedido si avanza en la Cámara de Diputados, mientras persiste la falta de precisiones sobre la vigencia efectiva de los anuncios.
