El gobierno de Javier Milei anunció este viernes que la Cancillería iniciará procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas por actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La administración nacional dijo que investigará una posible violación del artículo 2° de la Ley N° 26.659, que prohíbe determinadas actividades vinculadas con hidrocarburos en el área reclamada por la Argentina. La medida alcanza, según el comunicado oficial, a empresas, accionistas y firmas proveedoras.
Alcance de la medida
Desde la Oficina de Prensa se indicó que “se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra accionistas suyos y empresas que le han estado prestando servicios para que puedan llevar adelante su actividad”. El Gobierno también sostuvo que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur “son argentinos” y que la ocupación “ha profundizado severamente su accionar, avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales”. Las afirmaciones fueron formuladas por la propia administración nacional y no constituyen una verificación independiente en esta nota.
El proyecto Sea Lion
El anuncio se conoció horas después de que el presidente Milei diera un mensaje por cadena nacional en el que ratificó el reclamo de soberanía argentino y cuestionó el avance del proyecto Sea Lion, un yacimiento offshore ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Según el material oficial, de completarse como está previsto sería el primero en producir crudo en aguas próximas al archipiélago. La iniciativa es conducida por la israelí Navitas Petroleum, que controla el 65% del negocio, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante.
Antecedentes técnicos y regulatorios
El campo fue descubierto en 2010, está a unos 220 kilómetros al norte de las islas y a 450 metros de profundidad en el lecho marino. A fines de 2025, ambas compañías tomaron la decisión final de inversión para su primera etapa, un paso que en la industria petrolera implica que las evaluaciones técnicas, económicas y financieras ya fueron completadas y que el proyecto se considera viable. Según datos de Navitas, al 31 de julio pasado el yacimiento tenía reservas probadas y probables por 314 millones de barriles, una producción proyectada de 50.000 barriles diarios y el primer petróleo previsto para marzo de 2028. El plan completo contempla más de 60 pozos submarinos distribuidos en dos áreas de desarrollo.
Qué puede pasar después
La Cancillería argentina ya había rechazado en diciembre de 2025 la decisión de inversión de ambas empresas, a las que calificó de licenciatarias ilegítimas por operar sin los permisos de la autoridad competente nacional. El organismo sostuvo entonces que toda exploración o explotación unilateral de recursos en un área alcanzada por la disputa de soberanía contradice las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y extendió ese rechazo a concesiones, contratación de proveedores y todo acto conexo al avance del proyecto. Como antecedentes sancionatorios, Rockhopper Exploration fue declarada clandestina e inhabilitada para operar en la Argentina durante 20 años mediante la Resolución 133/2012 de la Secretaría de Energía, mientras que Navitas Petroleum recibió una sanción equivalente por la Resolución 240/2022.
Con ese marco, el procedimiento anunciado por el Gobierno se suma a una secuencia de decisiones administrativas y diplomáticas que buscan impugnar el desarrollo hidrocarburífero en el archipiélago. El alcance efectivo de las sanciones dependerá de la tramitación que lleve adelante la Cancillería y de la verificación de las conductas alcanzadas por la Ley 26.659.
