El canciller Pablo Quirno afirmó que el Gobierno notificó a un universo de 180 empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas y les planteó que deberán optar entre continuar con esas operaciones o afrontar sanciones en la Argentina. La definición fue expuesta durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), realizada en Puerto Iguazú, Misiones. Según el funcionario, la medida forma parte de una estrategia oficial para alcanzar no solo a las compañías que operan en el archipiélago, sino también a sus proveedores de servicios petroleros, financieros y de seguros.
Quirno vinculó el anuncio con las medidas presentadas por el presidente Javier Milei en cadena nacional y con la aplicación de la Ley 26.659, que sanciona a empresas que desarrollen actividades petroleras en Malvinas. El canciller sostuvo que, al momento de sancionarse esa norma en 2011 y 2013, no existía Vaca Muerta, por lo que no había incentivos suficientes para modificar la conducta de las firmas alcanzadas. En su exposición, planteó que el objetivo actual es generar un desincentivo concreto para que esas compañías elijan entre invertir en un territorio disputado o hacerlo en la Argentina bajo el marco local.
Alcance de las sanciones
El funcionario explicó que el decreto reglamentario apunta a dar celeridad a las sanciones y a extender su alcance sobre la cadena de servicios asociada a la explotación petrolera en el archipiélago. En esa línea, mencionó que el universo alcanzado incluye empresas de servicios petroleros, financieros y de seguro, entre otras. También indicó que las firmas fueron anoticiadas la semana pasada de que podrían ser sancionadas si mantienen su participación en esas operaciones. Quirno sostuvo además que el decreto ya fue resuelto y lo presentó como el primero de los instrumentos anunciados para intervenir sobre proyectos de exploración y explotación en aguas cercanas a las islas.
RIGI y declaración jurada
Entre las nuevas exigencias, el canciller señaló que el decreto reglamentario incorporó una declaración jurada para quienes busquen acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), mecanismo que otorga beneficios a proyectos de gran escala. Según dijo, los aspirantes deberán manifestar que no están violando la Ley 26.659. Esa condición también alcanzará a la norma que el Congreso modifique en los próximos meses, de acuerdo con la previsión oficial. El Gobierno busca, con ese esquema, ampliar la capacidad sancionatoria sin cerrar de manera definitiva la posibilidad de que una empresa se retire de Malvinas y luego opere en la Argentina.
Impacto económico y diplomático
Quirno también relacionó la estrategia con el desarrollo energético local y con la defensa de los intereses argentinos frente al Reino Unido y otros actores regionales. En ese marco, aludió al proyecto Sea Lion, una iniciativa de explotación petrolera offshore impulsada por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. Según detalló, Navitas controla el 65% del proyecto y Rockhopper el 35% restante; además, las empresas comunicaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para una primera fase con una inversión total de USD 1.800 millones, una producción estimada de 50.000 barriles diarios y arranque previsto para 2028.
El canciller afirmó que las medidas ya tuvieron efecto en la valuación de las compañías involucradas. Citó que, en la jornada, las acciones de Rockhopper Exploration retrocedieron 6,3% en la Bolsa de Londres y las de Navitas Petroleum cayeron 2,3% en Tel Aviv. También sostuvo que la Cancillería mantiene conversaciones con el sector privado y que varias cámaras empresariales expresaron respaldo a la iniciativa. El proyecto de reforma de la Ley 26.659 deberá ser tratado en el Congreso, donde se definirá si se amplían las sanciones a empresas que presten servicios a quienes realicen explotaciones hidrocarburíferas en Malvinas sin autorización argentina.
