El Tribunal Oral Federal N°2 informó que Cristina Kirchner cumplió durante el último trimestre con las condiciones fijadas para la prisión domiciliaria en la causa Vialidad. Según el informe, se respetaron los permisos de salida, el monitoreo electrónico y el régimen de visitas dispuesto por la Justicia. La constancia judicial adquiere relevancia porque ratifica la modalidad de ejecución de la pena mientras siguen abiertos otros capítulos patrimoniales vinculados al expediente.
Salidas y control Durante ese período, la única salida autorizada fue una consulta médica que, de acuerdo con el tribunal, se realizó “sin inconvenientes”. En materia de visitas, se indicó que se ajustaron a los permisos concedidos por el Tribunal y que solo se registró una demora con una visitante, luego explicada ante la autoridad judicial. El monitoreo electrónico tampoco mostró inconvenientes, según la misma comunicación.
Entorno y convivencia El tribunal agregó que, pese a las movilizaciones frente al domicilio de San José 1111, no se verificaron conductas que “hubieran perturbado la tranquilidad del vecindario” ni constancias de quejas de los vecinos. En ese marco, el juez sostuvo que Fernández de Kirchner mantuvo “una conducta de sujeción al control judicial y de observancia de las condiciones establecidas para la ejecución de la pena bajo la modalidad domiciliaria”. Esa evaluación resulta central para la continuidad del régimen, porque deja asentado que, al menos en el trimestre examinado, no hubo incumplimientos informados por el órgano judicial.
Embargos y decomiso La decisión se conoció después de que el TOF N°2 confirmara el embargo preventivo de varios bienes de la exmandataria y de los otros condenados en la causa, entre ellos el departamento de San José 1111. El objetivo es alcanzar un decomiso de alrededor de $685.000 millones, cifra que el expediente vincula con el perjuicio económico total ocasionado al Estado argentino por los delitos de corrupción juzgados en la causa. Ese monto y su recuperación patrimonial constituyen uno de los ejes pendientes del proceso.
Otros planteos judiciales En paralelo, la Cámara Federal de Casación porteña rechazó dos recursos de Cristina Kirchner y de sus hijos, Máximo y Florencia, para frenar el posible decomiso de inmuebles de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.. Además, se informó sobre la investigación vinculada con la compra del departamento ubicado debajo del suyo por parte de María Soledad Calle, dirigente de La Cámpora cercana a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), quien declaró ante la Justicia que lo habría adquirido para que funcione una fundación. A eso se sumó la confirmación de que el senador nacional peronista Mariano Recalde también es propietario de un departamento en San José 1111, ubicado en el primer piso.
Con este escenario, el expediente mantiene dos planos activos: la ejecución de la pena bajo domiciliaria y la discusión sobre el recupero de bienes. El seguimiento judicial sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas y sobre los embargos seguirá siendo una variable central en las próximas definiciones del caso.
