El Gobierno introdujo cambios en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y dispuso que una empresa constituida y domiciliada en la Argentina será considerada proveedor local, sin importar la nacionalidad de sus accionistas ni la composición de su capital. La medida quedó formalizada en el Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El cambio modifica la lógica de acceso de las empresas radicadas en el país a las cadenas de suministro asociadas a proyectos adheridos al régimen.
La norma altera el Decreto 749/2024, que había reglamentado el capítulo de la Ley Bases referido al RIGI. Según el Poder Ejecutivo, la experiencia acumulada desde la puesta en marcha del régimen mostró la necesidad de introducir “adecuaciones puntuales” para precisar algunas disposiciones. En términos prácticos, el nuevo texto amplía el universo de firmas que pueden ser consideradas proveedoras locales y mantiene, para los bienes, el criterio de origen nacional establecido por el Mercosur.
Inversión y etapas Para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, el decreto fija una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión del proyecto en su conjunto, separada de los compromisos que se asumen para cada una de sus etapas. De acuerdo con los fundamentos oficiales, la modificación busca evitar confusiones entre ambas exigencias sin alterar los montos previstos para cada fase. Ese ajuste incide en la forma de verificar el cumplimiento de las obligaciones de inversión dentro del régimen.
Socios y reorganizaciones El texto también habilita la compraventa de participaciones sin que eso afecte los beneficios del RIGI, aunque esa operación no podrá computarse como inversión para cubrir el mínimo exigido por la ley. Además, las uniones transitorias de empresas (UTE) y otros contratos asociativos que funcionen como vehículos de proyectos podrán ceder participaciones o incorporar socios, con aviso a la Autoridad de Aplicación dentro de los 15 días de inscripta la operación. El organismo tendrá 30 días para objetarla; si no lo hace, la modificación quedará aprobada.
En esos casos, el resto de los miembros deberá prestar consentimiento y el nuevo integrante tendrá que acreditar que asume los compromisos de inversión y las garantías pendientes. El socio saliente seguirá respondiendo de manera solidaria por las obligaciones generadas hasta ese momento. Para las sucursales dedicadas, en tanto, se autoriza la transferencia de activos, pasivos y obligaciones del proyecto a una sociedad anónima creada a tal efecto, previa autorización, sin que ello implique una nueva adhesión ni altere la fecha original o los plazos del proyecto.
Divisas y control El decreto también modifica el esquema de acceso al mercado de cambios. El Banco Central podrá condicionar ese acceso para las empresas que hayan tenido el beneficio sobre los cobros de exportaciones a que las divisas ingresadas y liquidadas igualen o superen las que demanden. Desde ahora, en ese cálculo también podrán computarse los dólares que aporten o consigan vía deuda externa los accionistas directos o indirectos del vehículo, los integrantes de las UTE y la casa matriz de las sucursales, siempre que los fondos se apliquen efectivamente al proyecto y puedan rastrearse en los registros contables.




