La Cámara de Diputados abrirá este miércoles a las 12 para debatir una sesión especial convocada a pedido del presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y otros legisladores oficialistas. El temario incluye la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como “Ley Malvinas”, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La agenda prevé una discusión extensa, con cierre estimado en la madrugada.
También figuran en el orden del día los acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires en delitos de menores y contra la integridad sexual, el Convenio de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), y la enmienda al Protocolo de Montevideo. La amplitud del temario anticipa una sesión con tratamiento de iniciativas institucionales, judiciales y comerciales. En ese marco, el oficialismo busca sostener mayorías variables para los distintos puntos.
La ley sobre Malvinas
El oficialismo tiene los votos para aprobar en general el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, pero no tiene asegurado el respaldo completo para todos sus capítulos. El punto más discutido es el capítulo 7, que podría ser eliminado si no reúne la mayoría especial de 129 votos que requiere su aprobación particular. Ese apartado introduce cambios al sistema electoral y aplica multas a extranjeros que financien campañas electorales.
El jueves pasado, el oficialismo intentó ordenar apoyos en una reunión a puertas cerradas en el Salón de Honor. Según el texto en discusión, el PRO y la UCR se comprometieron a acompañar con o sin cambios, mientras que Provincias Unidas, Argentina Federal y la diputada radical Karina Banfi reclamaron modificaciones de fondo en ese capítulo. Frente a esas objeciones, el Gobierno sólo ofreció retoques menores, lo que deja abierta la posibilidad de retirar ese tramo para asegurar el resto de la ley.
El proyecto prevé sanciones penales y económicas por la explotación sin autorización argentina de recursos renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas. En ese esquema, contempla penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas de empresas, socios y proveedores, aunque excluye a accionistas con participaciones de hasta 2% y a fondos de inversión con intervención indirecta. También incorpora penas por organizar o colaborar con operaciones de inteligencia a cuenta de un Estado extranjero, revelar secretos de Estado o participar en campañas de sabotaje contra el Gobierno o la población nacional.
Seguridad y Banco Central
La reforma institucional más resistida está vinculada al Consejo de Seguridad Nacional, un órgano nuevo que coordinaría la estrategia unificada de seguridad, defensa e inteligencia estratégica. Según el articulado, sería presidido por el Presidente de la Nación e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, además del titular de la Side y el secretario de Legal y Técnica. A pedido de bloques aliados, el oficialismo aceptó sumar como miembros no permanentes al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente provisional del Senado y a gobernadores.
Entre sus facultades figuran medidas urgentes ante una amenaza externa grave, como restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, limitar importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros. El proyecto también mantiene en pie el protocolo para el derribo de aeronaves y hundimiento de buques, además de la autorización para que las Fuerzas Armadas participen en “operaciones no convencionales”. Frente a esas atribuciones, el peronismo y la izquierda sostienen que la iniciativa amplía el poder del Ejecutivo y desdibuja la separación entre seguridad interior y defensa.
Una modificación incorporada a pedido del diputado Eduardo Falcone (MID) crea una Comisión Bicameral de Seguimiento para auditar y monitorear las decisiones del Consejo. El texto obliga al Poder Ejecutivo a informar a esa comisión en un plazo máximo de 48 horas sobre las medidas adoptadas. Además, la reforma da rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) y habilita la inscripción de organizaciones cuando existan “motivos razonables para sospechar”, un punto cuestionado por la oposición por la amplitud de esas definiciones.
La otra discusión central será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El oficialismo no logró sostener en comisión la redacción original aprobada en Diputados, que establecía una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para remover directores. El Senado reemplazó ese esquema por una mayoría absoluta del pleno de la Cámara alta, y Diputados terminó aceptando esos cambios. El proyecto, además, fija como principio rector la “emisión cero”, prohíbe el financiamiento al Tesoro y elimina herramientas como los adelantos transitorios, los préstamos a provincias, el uso de letras intransferibles, la conversión de utilidades en ganancias reales y la compra de títulos públicos en el mercado primario.
La iniciativa oficial busca consolidar un mandato único para la autoridad monetaria: la preservación del valor de la moneda. En los fundamentos, el texto sostiene que no alcanza con sanear el balance del Banco Central si una gestión futura puede volver a emitir y generar inflación. La sesión de este miércoles dejará definido si el oficialismo mantiene intacto el capítulo más cuestionado de la ley sobre Malvinas o si lo retira para preservar el respaldo necesario al resto del paquete legislativo.




