La diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva, junto a Jimena López, Marina Salzmann, Sebastián Galmarini, Ramiro Gutiérrez, Cecilia Moreau, Diego Giuliano y Jorge Neri Araujo Hernández, presentó un proyecto de resolución para pedir informes al Poder Ejecutivo sobre la Resolución 559/2025 del Ministerio de Economía. Esa norma aprobó la adhesión del consorcio Southern Energy al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un esquema de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios para proyectos de gran escala. La presentación reclama que se expliquen los fundamentos técnicos y jurídicos de esa decisión.
El planteo sostiene que el 15% de la composición accionaria del consorcio pertenecería a Harbour Energy plc, a la que señalan como continuadora jurídica de Premier Oil PLC. Según el proyecto, esa firma fue inhabilitada por 15 años para operar en la Argentina mediante la Resolución 481/2013 de la Secretaría de Energía. Los autores vinculan ese antecedente con actividades desarrolladas en las Islas Malvinas y con la aplicación de la Ley 26.659.
Marco normativo La norma citada establece condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina y prohíbe al Estado contratar o beneficiar a empresas sancionadas por desarrollar actividades ilegales en la zona de las Islas Malvinas, así como a sus accionistas o controlantes. Sobre esa base, los diputados pidieron que el Ministerio de Economía detalle cómo interpretó la ley al aprobar el ingreso de Southern Energy al régimen promocional. También solicitaron conocer si el Gobierno evalúa revocar la resolución ante una eventual incompatibilidad con la normativa vigente.
Control administrativo El proyecto pide identificar qué áreas técnicas y servicios jurídicos intervinieron en el expediente que concluyó con la aprobación del beneficio. Además, reclama remitir los dictámenes elaborados durante la tramitación y precisar si se iniciaron o si se prevén sumarios administrativos para determinar responsabilidades de los funcionarios que participaron del proceso. Los legisladores también preguntan qué mecanismos de control societario internacional se aplicaron para verificar la composición accionaria de las empresas involucradas.
En el mismo texto, los autores solicitan información sobre los protocolos que se implementarán para evitar que firmas alcanzadas por sanciones eludan restricciones mediante cambios de denominación o reestructuraciones corporativas. En los fundamentos, sostienen que la aprobación del RIGI para Southern Energy constituye un hecho de “gravedad institucional”, aunque esa calificación forma parte de la presentación legislativa y no de una constatación judicial o administrativa. También afirman que la inhabilitación de Premier Oil PLC permanecería vigente hasta 2028.
El proyecto agrega que el beneficio aprobado implica ventajas impositivas, aduaneras y cambiarias por un período prolongado para un proyecto de exportación de gas en la provincia de Río Negro. En ese marco, los diputados plantean que debe determinarse si existió una omisión administrativa o una interpretación jurídica que permitió el acceso al régimen pese a los antecedentes señalados. El texto concluye con un pedido de respuestas documentadas del Poder Ejecutivo sobre el proceso que derivó en la aprobación de la medida.
