El juez Rodrigo Giménez Uriburu, a cargo del control de la ejecución de la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, ordenó este miércoles medidas para precisar sus movimientos dentro del edificio de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. La resolución apunta a determinar con mayor exactitud las salidas hacia la terraza y el nivel de detalle que ofrece el monitoreo electrónico. El planteo tiene incidencia directa en la supervisión del cumplimiento de la pena y en la capacidad técnica del sistema para registrar desplazamientos dentro del inmueble.
El magistrado del Tribunal Oral Federal 2 pidió a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) que informe las salidas registradas desde la unidad funcional para usar la terraza y detalle qué grado de precisión tiene el dispositivo para ubicar a la ex presidenta dentro del edificio. La consulta no se limita a verificar si abandona el departamento, sino a establecer si el sistema distingue entre distintos sectores internos. En términos procesales, la definición resulta relevante para saber hasta dónde llega el control efectivo de la modalidad domiciliaria.
Antecedente judicial vinculado La decisión se produjo después de que el tribunal incorporara publicaciones periodísticas relacionadas con otra investigación judicial. A partir de esa información, Giménez Uriburu pidió al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12 una certificación sobre la causa 798/2026. En ese expediente se investiga a Abel Furlán, exsecretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), y a María Soledad Calle, accionista y directora de Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM), por los presuntos delitos de defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita.
Ese expediente analiza un contrato firmado entre la UOM y USEM por el cual la empresa pasó a recibir fondos provenientes de los aportes de los afiliados del gremio. Según las publicaciones incorporadas al legajo, Calle habría adquirido un departamento en el primer piso de San José 1111, debajo de la unidad donde la ex jefa de Estado cumple su condena. Sobre esa base, el tribunal pidió conocer el objeto procesal, las personas imputadas y el estado actual de la causa, además de cualquier dato que resulte relevante para la ejecución de la pena. La medida muestra que el control de la domiciliaria quedó cruzado con la necesidad de despejar eventuales superposiciones entre causas y espacios físicos dentro del mismo edificio.
Alcance del monitoreo Giménez Uriburu también solicitó a la DAPVE que informe si Cristina Kirchner registra “egresos de la unidad funcional en la que cumple la pena de prisión bajo modalidad domiciliaria para hacer uso de la terraza del edificio”, conforme a la autorización judicial concedida el 17 de septiembre de 2025. Si existen movimientos de ese tipo, el organismo deberá precisar fechas y horarios, incluso cuando no hayan quedado individualizados en los informes mensuales enviados al tribunal. El pedido busca establecer si la supervisión electrónica deja constancia suficiente de cada desplazamiento autorizado.
El juez también quiere saber si, una vez que la ex presidenta sale de su departamento, el sistema permite determinar “su localización concreta dentro del edificio” y diferenciar si está en la terraza, en otro piso o en un sector distinto. En caso de que el monitoreo solo verifique que permanece dentro de una zona o radio de cobertura, la DAPVE deberá informar cuál es su extensión y qué espacios comprende. El tribunal preguntó además si ese radio puede alcanzar “la vía pública o inmuebles linderos”, de modo que una permanencia allí resulte indistinguible para el dispositivo. Cristina Kirchner fue condenada en diciembre de 2022 por el TOF 2 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como coautora de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública por las irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.
La Sala IV de Casación confirmó la sentencia en noviembre de 2024 y, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó el recurso de su defensa y dejó firme la condena. Con esa base, la ejecución quedó bajo control del tribunal oral, que ahora espera la respuesta de la DAPVE y de la justicia federal sobre la causa citada para definir si el sistema vigente permite o no un seguimiento más preciso dentro del edificio.
