Juan Patricio Marchetto, uno de los inversores que denunció perjuicios por el lanzamiento y posterior derrumbe de la criptomoneda $LIBRA, apeló el sobreseimiento del presidente Javier Milei, de Karina Milei y de otros nueve imputados. En su presentación, cuestionó los fundamentos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y la actuación del fiscal Eduardo Taiano, y pidió que la investigación continúe.
El recurso, de 40 páginas, fue presentado con el patrocinio de los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik. Marchetto sostuvo que todavía había medidas de prueba pendientes y que el juez dispuso el cierre definitivo de la causa sin agotar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos. La discusión se concentra en si la investigación terminó por falta de evidencia suficiente o si, como plantea el apelante, aún restaban pruebas por producir.
Condición procesal La apelación incorpora además una cuestión procesal. Marchetto perdió su condición de querellante por una decisión que confirmó la Cámara Federal, aunque su reclamo para recuperar ese lugar sigue pendiente de resolución en la Cámara Federal de Casación Penal. Por eso, se presentó como “pretenso querellante” y defendió su derecho a impugnar los sobreseimientos antes de que queden firmes. La admisibilidad del recurso depende de que la Justicia reconozca esa legitimación.
Pruebas pendientes Uno de los ejes del escrito es la diferencia entre considerar que una investigación no reunió pruebas suficientes para acreditar un delito y concluir que los hechos denunciados no constituyen delito. Según Marchetto, Martínez de Giorgi confundió ambos conceptos y dispuso los sobreseimientos sin valorar de manera integral los elementos reunidos. También cuestionó a Taiano, quien había solicitado el sobreseimiento de los once investigados, por demoras en la producción de pruebas, falta de convocatoria a testigos y pedido de cierre de la causa cuando todavía había diligencias en curso.
Entre las medidas que considera pendientes figura la ampliación de las pericias telefónicas sobre los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, quienes recibieron transferencias de Hayden Davis, según los elementos incorporados al expediente. Marchetto también señaló que no fueron citados a declarar Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, Marcelo Aranda, Leandro Aranda y Yanina Nicoletti, identificada como la primera abogada de Davis en la Argentina.
Las llamadas y las operaciones La apelación vuelve sobre las comunicaciones entre Milei y Mauricio Novelli, uno de los organizadores investigados, en los minutos previos a la publicación presidencial que difundió el criptoactivo en la red social X el 14 de febrero de 2025. Según los registros citados en el recurso, Novelli llamó al Presidente a las 18:44:32, 18:54:38 y 18:58:02, mientras que Milei recibió una llamada entrante a las 18:56:22. El mensaje presidencial sobre $LIBRA apareció a las 19:01:22.
El inversor también señaló operaciones realizadas segundos antes de esa publicación. De acuerdo con la reconstrucción incluida en su presentación, 74 billeteras efectuaron 87 transacciones por un volumen aproximado de USD 13,5 millones unos 22 segundos antes del mensaje. Para Marchetto, la Justicia debe analizar en conjunto las comunicaciones, las operaciones previas y la difusión pública del activo para determinar si existió coordinación entre los organizadores del proyecto y quienes operaron antes de que el público conociera el token.
DATIP y próximo paso Otro apartado del recurso apunta al informe de la Dirección General de Investigaciones y Asistencia Tecnológica (DATIP), elaborado a partir de dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación. Martínez de Giorgi había considerado circunstancias vinculadas con un sumario administrativo por acceso indebido a documentación reservada al evaluar ese material, pero Marchetto cuestionó ese razonamiento y sostuvo que no se demostró que la empleada investigada entregara documentos a una periodista o a terceros, ni que alguien hubiera manipulado el informe. La revisión del planteo dependerá de que el tribunal admita la apelación y de que Casación resuelva, además, su situación como pretendido querellante.
