El diputado nacional Cristian Andino confirmó que se presentará en persona el próximo 10 de noviembre en la audiencia por la causa del Acueducto Gran Tulum, luego de que la jueza Mónica Lucero rechazara nuevamente el pedido de su defensa para participar por videollamada. La audiencia está prevista para las 14.30 y la magistrada ratificó que la comparecencia debe ser presencial. La decisión vuelve a poner en foco el alcance procesal de un expediente que investiga presuntas irregularidades en una obra hídrica de alta relevancia para San Juan.
La defensa de Andino, encabezada por el abogado Guillermo Toranzo, había pedido la modalidad virtual porque el legislador tiene compromisos en el Congreso. Tras la primera negativa, los abogados presentaron un recurso de revocatoria, un planteo de nulidad y una apelación subsidiaria. Lucero volvió a rechazar el planteo y mantuvo la exigencia de que el diputado concurra en persona, sin modificar la fecha ni el horario fijados.
Tras conocerse la resolución, Andino difundió un mensaje en el que confirmó que acatará la decisión judicial. “Por supuesto que estoy y siempre estaré a disposición de la Justicia. Si algo ha marcado mi vida pública es la transparencia, y los sanjuaninos lo saben”, dijo. También sostuvo que todas sus cuentas fueron siempre aprobadas por los organismos de control, sin observaciones. Además, cuestionó la actuación de los fiscales que intervienen en la investigación por una función que ocupó hace 11 años.
En ese mismo mensaje, el diputado afirmó: “Considero que existe una clara intencionalidad política de desprestigiar mi figura, que se refleja en el accionar de los fiscales”. Según explicó, su pedido para participar de manera virtual buscaba compatibilizar la citación con su trabajo en la Comisión de Presupuesto, donde se discute una ley clave para el país. “Mi pedido tiene un único objetivo: poder cumplir también con mis responsabilidades como diputado nacional”, señaló. Y agregó que respetará la resolución: “Respeto la decisión de la jueza y voy a cumplirla. Solo espero que la audiencia no me impida cumplir con las responsabilidades que los sanjuaninos me confiaron”.
Denuncia federal contra un fiscal
En paralelo, la disputa por la competencia judicial en la causa del Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo en los tribunales de Comodoro Py. Sebastián Gómez, uno de los fiscales de la UFI Delitos Especiales que investiga las presuntas irregularidades en la obra, fue notificado de una denuncia penal en su contra por presunta resistencia o desobediencia a funcionario público, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. La presentación fue impulsada por Sergio Ruiz, expresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) e investigado en el expediente provincial.
El escrito, fechado el 28 de octubre, identifica la causa como CFP 5210/2026, Caso Coirón N.º 192985/2026, y busca determinar si Gómez incurrió en conductas penalmente relevantes al informar sobre el legajo MPF-SJ-33347-2025, pedido por el Juzgado Federal N.º 1 en el marco de la causa CFP 5004/2026, vinculada con el Acueducto Gran Tulum. La notificación, firmada digitalmente por Javier Alberto D'Elio, prosecretario letrado de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1 de la Capital Federal, pide que Gómez sea notificado en persona de la denuncia y de su condición de denunciado, según los artículos 73 y 279 del Código Procesal Penal de la Nación. El avance de esa presentación y la respuesta del fiscal quedan ahora como las variables a seguir en un expediente que combina la investigación provincial con derivaciones en el fuero federal.
