Una presunta megabanda integrada por 18 imputados quedó en condiciones de ir a juicio en el Tribunal Oral Criminal Federal de San Juan, acusada de vender cocaína dentro y fuera del Penal de Chimbas y de lavar 113 millones de pesos mediante la compra de cuatro viviendas y un Fiat Cronos 0 km. La acusación fue formulada por el fiscal Fernando Alcaraz el 27 de agosto, en una causa cuya investigación se extendió de agosto de 2024 a diciembre de 2025. El tribunal aún debe fijar fecha de debate.
La estructura investigada Según la reconstrucción del Ministerio Público, la organización articuló vínculos familiares y de pareja para sostener la comercialización de estupefacientes y el movimiento del dinero. La presunta jefatura fue atribuida a Rodolfo Daniel Carrizo, alias Rody o el Jetón, señalado como jefe del Pabellón 4, Sector 2 de la cárcel. A él se le atribuye haber dirigido la venta de droga, controlado las deudas de internos y guardado la cocaína en el taller de carpintería.
En esa misma línea, la fiscalía sostuvo que Facundo Martín Torraga y Gabriel Antonio Villarroel vendían cocaína puertas adentro del penal y cobraban a través de billeteras virtuales, para luego derivar los fondos hacia el exterior. Como contacto externo fue mencionada Ivana Gabriela Gómez, pareja de Carrizo, a quien se le atribuye haber llevado registros de operaciones, recibido transferencias de internos y gestionado la compra de inmuebles. El expediente también ubica a Oscar Nahuel Carrizo y Carla Luciana Brizuela Robledo al frente de la compra, fraccionamiento y distribución de cocaína en Santa Lucía y Chimbas.
Ventas y puntos de distribución Entre otros roles descriptos por la acusación, Marisa Matilde Robledo, madre de Brizuela y suegra de Nahuel Carrizo, habría manejado un punto de venta en el Barrio 19 de Noviembre y operado cuentas de billeteras virtuales a nombre de terceras personas. La fiscalía también ubicó a Gustavo Iván Dávila Ochoa y Mauro Alejandro Dávila Ochoa como distribuidores en Villa del Sur. A su vez, Federico Fabián Carrasco Garín y Lucas Emiliano Pissano fueron acusados de custodiar el búnker principal en Barrio Noroeste III, mientras que Graciela Antonia Rocha y Maximiliano Gabriel Rodríguez Rocha habrían vigilado un búnker secundario en el mismo complejo.
La imputación también alcanza a Mercedes del Valle Roldán y Ramiro Alexis Castro González, señalados por el Ministerio Público por narcomenudeo en inmediaciones del Barrio 7 Conjunto I y del 19 de Noviembre. En paralelo, Celina Agostina Carrizo, hermana de Nahuel Carrizo, habría recibido transferencias desde el penal y redistribuido esos fondos hacia los organizadores externos. La fiscalía considera que esa trama permitió sostener tanto la venta minorista como la circulación del dinero fuera del sistema penitenciario.
Lavado y movimiento de fondos El otro tramo de la causa refiere al lavado de activos, con Ceferino Oscar Carrizo y María de los Ángeles Andrada como presuntos testaferros. Ambos, padres de Nahuel Carrizo, habrían prestado sus nombres para figurar como titulares de inmuebles y del Fiat Cronos. Entre los bienes mencionados figuran parcelas del Loteo Fénix, en Santa Lucía: el Lote 19A fue comprado el 16 de septiembre de 2024 por 6 millones de pesos; el Lote 19B se comercializó el 27 de noviembre de 2025 por 14 millones; y ese mismo día se registraron a nombre de Ceferino Carrizo los lotes 12C y 12D por 30 millones. Además, una cesión de contrato de compraventa del 21 de marzo de 2025 por 42 millones quedó a nombre de Carla Brizuela Robledo.
En cuanto al vehículo, el Fiat Cronos fue comprado el 4 de febrero de 2025 por 21 millones de pesos e inscripto a nombre de Ceferino Carrizo. Según la investigación, el conjunto de los imputados movió más de 800 millones de pesos en billeteras virtuales como Mercado Pago y Naranja X entre agosto de 2024 y diciembre de 2025. En ese universo, Mauro Dávila Ochoa habría recibido cerca de 247 millones y derivado más de 169 millones a proveedores de estupefacientes de Mendoza, mientras que Marisa Robledo registró ingresos por poco más de 171 millones y egresos por cerca de 168 millones.
Con esos elementos, el fiscal Fernando Alcaraz pidió penas de entre 3 y 10 años de prisión para los distintos acusados, entre ellos Nahuel Carrizo, Carla Brizuela Robledo, Rodolfo Carrizo, Marisa Robledo, Gustavo Dávila Ochoa, Gabriel Villarroel, Facundo Torraga, Ivana Gómez, Mauro Dávila Ochoa, Celina Carrizo, Federico Carrasco, Graciela Rocha, Maximiliano Rodríguez Rocha, Lucas Pissano, Oscar Carrizo, Mercedes Roldán, Ramiro Castro y María Andrada. El expediente ahora espera la fijación del debate oral, instancia en la que deberán contrastarse las pruebas reunidas por la fiscalía con las defensas de cada imputado.
