La causa por la venta irregular de lotes en San Juan ya reúne 500 denuncias y sumó doce hechos nuevos en la ampliación dispuesta por la Fiscalía. La investigación alcanza a los diez imputados del expediente, entre ellos el empresario Héctor Storniolo.
El caso está a cargo del fiscal Eduardo Gallastegui, de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Delitos Informáticos y Estafas. La nueva ampliación no se limita a Storniolo y comprende también a Patricia Nacif, esposa del principal acusado, dentro de la estructura investigada.
Los hechos incorporados corresponden a los proyectos Alto Valle y Alteza, dos loteos que se agregan a una secuencia de emprendimientos inconclusos o no ejecutados. Según el expediente, el perjuicio económico total supera los $2.700 millones. Esa cifra surge del acumulado de la causa y sigue en revisión mientras se precisan los damnificados por cada proyecto.
Definición procesal El equipo fiscal revisa barrio por barrio para determinar cuántos afectados hubo en cada desarrollo y qué intervención tuvo cada imputado. Ese trabajo es previo a la acusación formal y al eventual pedido de elevación a juicio. Aunque las presentaciones ya llegaron a 500, la cantidad de hechos penales puede ser menor porque varios reclamos remiten al mismo emprendimiento.
Reparación y detención Juan Mauricio Gallerano es, por ahora, el único imputado con posibilidad de quedar fuera del proceso. Está acusado por los loteos Vistas I, Vistas II y Acacias, y avanzó con una reparación integral del daño, mecanismo que permite devolver el dinero a las víctimas para intentar cerrar su situación penal. Según la información judicial, ya cumplió casi el 98% de lo pactado, pero el acuerdo quedó en pausa tras la muerte de su padre y la apertura de una sucesión en la Justicia civil que todavía no se resolvió.
Situación de Storniolo Héctor Storniolo es el único de los diez imputados que permanece detenido. Está con prisión preventiva, medida cautelar que mantiene la detención mientras avanza la investigación, en el Servicio Penitenciario de Chimbas. El empresario estuvo preso en 2024, pasó a arresto domiciliario y recuperó la libertad en noviembre de 2025, pero volvió a la cárcel en mayo de este año tras la detección de documentos falsos presentados en el expediente.
Para evitar el juicio, Storniolo había ofrecido terminar las obras pendientes en 90 días y presentó informes técnicos que decía firmados por el arquitecto Pablo Navarro. Cuando el fiscal Gallastegui citó a Navarro, el profesional negó haber confeccionado esos informes, pese a que llevaban su firma. Por esa situación, el juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi ordenó su traslado inmediato al penal. Las personas que aún no hayan denunciado pueden presentarse ante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas para incorporarse al expediente.




