La situación judicial de Gustavo Daniel Algarilla volvió a quedar en manos de la Justicia tras la audiencia realizada este jueves, en la que su defensa mantuvo el recurso presentado contra la condena por estafa. En ese marco, el Ministerio Público Fiscal cuestionó la modalidad de la pena y pidió que, en caso de sostenerse el fallo, el cumplimiento sea efectivo.
La instancia se abrió después del juicio oral que concluyó el 2 de junio con una condena de un año y seis meses de prisión condicional dictada por el juez Mariano Carrera. Desde ahora, la definición quedó en manos del tribunal, que deberá resolver tanto sobre el recurso como sobre la forma en que eventualmente se ejecutará la pena.
Según explicó la abogada María Filomena Noriega, representante de Algarilla, la resolución podría conocerse dentro de unos 40 días. Hasta entonces, seguirá vigente el esquema fijado en la sentencia original.
Durante la audiencia, la defensa sostuvo formalmente el planteo para cuestionar la condena dictada en primera instancia. Del otro lado, Fiscalía pidió conservar el monto de la pena, pero con un cambio sustancial: que deje de ser condicional y pase a cumplirse de manera efectiva.
Si ese pedido prospera, Algarilla deberá cumplir la condena en prisión y no bajo el régimen de libertad condicional establecido por el fallo original. Por eso, la resolución que adopte la Justicia tendrá impacto directo en la situación personal del condenado y en el alcance final de la sentencia.
La causa se originó a partir de denuncias de estudiantes que, en 2022, habían iniciado una capacitación y luego recibieron una propuesta para continuar sus estudios mediante una tecnicatura vinculada con prácticas de morgue y manipulación de cadáveres. La acusación sostuvo que Algarilla se presentaba como docente y ofrecía una formación que habría sido presentada como una alternativa con certificación y posibilidades de inserción laboral.
Con el avance de las clases surgieron cuestionamientos por cambios en los lugares donde se dictaban las actividades, modificaciones en la modalidad de cursado y dudas sobre el reconocimiento y la validez de las certificaciones. Esos elementos formaron parte del debate oral que permitió reconstruir el desarrollo de la propuesta educativa y las circunstancias que derivaron en las denuncias.
El juicio se extendió durante una semana y contó con la declaración de más de 20 testigos. También se incorporaron y analizaron comunicaciones y otras evidencias vinculadas con la propuesta académica, utilizadas por la acusación para sostener su hipótesis.
Finalmente, el 2 de junio, el juez Mariano Carrera resolvió condenar a Algarilla a un año y seis meses de prisión de ejecución condicional, además de fijar reglas de conducta por dos años. En esa oportunidad, tampoco hizo lugar al pedido de reparación económica ni a la demanda impulsada por la querella.
Con la audiencia de este jueves quedó habilitada una nueva etapa del proceso. La defensa ya expuso su postura y Fiscalía dejó planteada su posición sobre la modalidad de cumplimiento. La próxima resolución será clave para definir si la condena se mantiene tal como fue dictada o si, además, pasa a tener cumplimiento efectivo.
