Gabriel Balmaceda, empresario sanjuanino investigado por la Justicia, recuperó la libertad este viernes después de haber pasado una noche detenido por no presentarse a una audiencia en la que debía cerrar un acuerdo de reparación integral. La incomparecencia derivó en una declaración de rebeldía dictada por la jueza Flavia Allende, quien ordenó su detención. El episodio no modificó el fondo del expediente, pero sí demoró la homologación del entendimiento alcanzado con las víctimas.
Según el acuerdo, Balmaceda deberá cumplir obligaciones económicas y de entrega de bienes para evitar que la causa avance hacia un juicio. El mecanismo previsto es un Acuerdo de Reparación Integral, una salida procesal que permite extinguir la acción penal si se satisfacen las compensaciones pactadas y el tribunal las homologa. En este caso, la resolución quedó condicionada al cumplimiento estricto de los plazos y montos comprometidos.
Compensaciones y bienes
Seis víctimas, identificadas con las iniciales K.S., C.L., A.C., J.R., C.R. y A.V., aceptaron recibir motocicletas. Balmaceda se comprometió a entregar una moto marca Okinoi de 110cc, 0 km, para cada una, a través de la firma Naldo, totalmente canceladas, patentadas y transferidas. Además, se homologaron cuatro acuerdos económicos que suman una cifra cercana a los 12 millones de pesos, dividida en siete cuotas mensuales.
En detalle, S. G. cobrará un total de $3.929.000 en siete cuotas de aproximadamente $561.000. R. P. percibirá $3.834.000, mediante siete pagos de alrededor de $547.000. F. Y. recibirá más de $2.000.000, a saldar en siete cuotas de $395.715. A M. L. se le pagarán $1.676.000 en siete cuotas mensuales de $238.142.
El incumplimiento de cualquiera de esas obligaciones hará caer el acuerdo y reabrirá el frente penal para el acusado. Esa es la variable central que seguirá el tribunal, dado que la continuidad del beneficio depende de que los pagos y las entregas se concreten en tiempo y forma. La audiencia de este viernes destrabó la situación inmediata, pero dejó vigente el control judicial sobre la ejecución de lo pactado.
Antecedentes de la causa
El nombre de Gabriel Balmaceda ya había aparecido en los tribunales sanjuaninos en abril de este año, cuando fue detenido y enviado al Penal de Chimbas con prisión preventiva. La investigación estuvo a cargo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. De acuerdo con el expediente, la maniobra consistía en contactar a particulares que vendían sus vehículos para comprarlos mediante cheques falsos.
En el primer trimestre del año, seis personas denunciaron el mismo modo de operación, entregaron sus rodados de buena fe y luego los vehículos desaparecieron. El perjuicio económico estimado entonces fue de 20 millones de pesos. Con las motos 0 km y los pagos en efectivo ahora comprometidos, la defensa busca cerrar el capítulo penal, aunque el resultado quedará atado al cumplimiento integral del acuerdo y a la decisión judicial final.
