La decisión judicial vuelve a poner el foco sobre una causa que, por la magnitud del presunto perjuicio y la cantidad de damnificados, ya tiene un fuerte impacto institucional y económico. Alejandro “Tati” Jofré, penitenciario acusado de encabezar una presunta estafa piramidal, seguirá detenido mientras avanza la investigación.
Este martes se desarrolló la audiencia de impugnación ante el juez Daniel Guillén, quien escuchó los planteos de la defensa y de la Fiscalía antes de resolver. Finalmente, ratificó la prisión preventiva que había sido prorrogada en julio pasado, por lo que el acusado permanecerá en la Unidad Chimbas Sur.
Jofré está privado de su libertad desde septiembre de 2025 y fue trasladado esposado a Tribunales para participar de la audiencia. Su abogada, María Filomena Noriega, sostuvo que el imputado cuenta con arraigo familiar y laboral, y que debe sostener a sus tres hijos. Sobre esa base, pidió su libertad o, de manera alternativa, el arresto domiciliario.
La defensa también afirmó que Jofré habría colaborado con la investigación y que no existirían riesgos procesales suficientes para mantener la medida de encierro. Sin embargo, el fiscal Guillermo Heredia se opuso al planteo y cuestionó el supuesto arraigo del acusado, al señalar que no vive con sus hijos ni con su padre y que tampoco tendría un domicilio consolidado.
Para la Fiscalía, hubo además un elemento de peso: la presunta existencia de mensajes enviados por el imputado a personas damnificadas para intentar que no radicaran denuncias. Ese dato, sumado a la cantidad de víctimas y a la magnitud del fraude investigado, fue considerado relevante para sostener la prisión preventiva.
La causa tomó mayor repercusión entre julio y agosto de 2025, cuando comenzaron a multiplicarse las denuncias de integrantes del Servicio Penitenciario Provincial. Según la hipótesis fiscal, Jofré ofrecía inversiones en supuestos negocios vinculados con la venta de harina, aceites y materiales de construcción, además de préstamos informales, con la promesa de obtener ganancias en poco tiempo.
Cuando los pagos dejaron de llegar y los supuestos rendimientos se interrumpieron, los inversores denunciaron la maniobra. La investigación derivó en la detención de Jofré el 5 de septiembre de 2025. Hoy el expediente reúne 52 damnificados y un presunto perjuicio económico superior a los $226 millones.
Incluso en junio pasado se incorporó una nueva denuncia de otro penitenciario, que aseguró haber entregado $4 millones para invertirlos en uno de los supuestos negocios. En paralelo, también están imputados Américo Jofré, padre del acusado; Gabriela del Rocío González, su expareja; y Carla Luciana Jofré, su hermana, señalados como presuntos partícipes necesarios y actualmente en libertad, aunque sujetos a medidas cautelares.
Con la resolución de Daniel Guillén, la causa gana un nuevo capítulo en una etapa clave: la discusión sobre los riesgos procesales y la gravedad del hecho seguirá condicionando la situación de los imputados mientras el expediente avanza.
