El intendente de Angaco, José Castro, fue denunciado penalmente por un empleado municipal que lo acusa de haber utilizado trabajadores, vehículos, herramientas y tiempo laboral del municipio para realizar presuntos trabajos particulares durante una anterior gestión.
La presentación la hizo Facundo David Nievas, quien sostuvo que habría sido enviado junto a otros empleados a domicilios privados durante la jornada laboral y bajo órdenes de la estructura municipal. Según su relato, las tareas se habrían realizado en beneficio de particulares y con recursos pagados por el Estado.
Presuntas presiones y consecuencias laborales
Nievas también afirmó que recibió presiones para continuar con esos trabajos y que Castro habría utilizado la posibilidad de perder el empleo o de enfrentar una causa penal como mecanismo de intimidación. Tras negarse a continuar, sostuvo que sufrió consecuencias laborales. Esos dichos forman parte de la denuncia y deberán ser corroborados en sede judicial.
El conflicto del “Callejón Nievas”
La presentación incorpora además el denominado “Callejón Nievas”, conflicto por el cual el denunciante se encuentra actualmente privado de su libertad. Según su versión, las obras realizadas en ese lugar durante una gestión anterior contaban con actuaciones administrativas y respondían a un pedido de vecinos para facilitar el acceso a los servicios de agua y electricidad. En ese marco, pidió que se investigue si el regreso de Castro a la Intendencia, en diciembre de 2023, tuvo relación con la posterior denuncia penal en su contra.
Nievas solicitó además determinar quiénes participaron en las decisiones, qué funcionarios impartieron las órdenes y qué recursos municipales fueron utilizados. La denuncia plantea, de manera provisoria, la posible comisión de peculado de trabajos o servicios, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, coacción y falsa denuncia, entre otras figuras que pudieran surgir durante la investigación.
Pruebas y otras causas
El denunciante pidió medidas urgentes para preservar expedientes, registros de asistencia, documentación sobre vehículos y combustible, órdenes de trabajo, comunicaciones digitales y otros elementos que podrían permitir reconstruir el funcionamiento de la estructura municipal. El planteo se suma a otros conflictos judiciales que involucran al intendente, entre ellos la causa iniciada por el exconcejal José Risueño, quien denunció a Castro por injurias y calumnias y presentó además un reclamo civil por $80 millones.
En esa misma causa, Castro rechazó las acusaciones y, a su vez, denunció al exedil por el mismo delito. Por ahora, los hechos denunciados por Nievas constituyen hipótesis que deberán ser corroboradas mediante la investigación judicial y las pruebas solicitadas.
