La Sección Sustracción de Automotores y Autopartes, dependiente de la División Delitos y la Dirección Coordinación Judicial D-5, realizó allanamientos simultáneos en Chimbas y Capital bajo directivas de la UFI Delitos contra la Propiedad. En esos procedimientos, la Policía secuestró una motocicleta Benelli TNT con pedido de secuestro activo por robo, un rodado con el número de cuadro limado y adulterado, un chasis con requerimiento judicial vigente y decenas de repuestos. La investigación apuntó a inmuebles señalados como centros de acopio de vehículos sustraídos y desguace para su posterior comercialización ilegal.
En uno de los domicilios, los brigadistas hallaron además una arma de fabricación casera tipo “tumbera”. Por ese hallazgo y por los vehículos incautados, quedó detenido un hombre de apellido Castro, quien fue alojado en una seccional a disposición de la Justicia. La causa quedó vinculada al presunto desmantelamiento de rodados y a la circulación de autopartes en el mercado negro, una línea de pesquisa que suele combinar robo, adulteración registral y ocultamiento de piezas.
Armas y municiones En otro de los inmuebles inspeccionados, la Policía secuestró dos carabinas calibre .22, un fusil calibre .308 Winchester con mira telescópica, 15 proyectiles calibre .22 con su cargador y nueve municiones calibre 7.62 mm de uso militar. Ante ese hallazgo, intervino la UFI Genérica y se dispuso la aprehensión del propietario de la vivienda, un ciudadano de apellido Alaniz. Según la comunicación oficial, quedó seriamente imputado por la tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.
La intervención judicial y policial se apoyó en tareas de inteligencia previas, que habían permitido identificar los domicilios allanados como posibles puntos de guarda y desarme de vehículos. El secuestro de rodados adulterados, autopartes y armamento amplía el alcance de la investigación, porque no solo compromete la presunta cadena de robo y desguace, sino también la tenencia de material bélico. La causa continúa en trámite y las autoridades judiciales deberán definir los pasos procesales siguientes sobre los elementos incautados y la situación de los aprehendidos.
