El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves 19 de noviembre el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con 71 votos afirmativos y ninguno en contra, y establece un marco permanente para garantizar derechos, pensiones y prestaciones para las personas con discapacidad en todo el país.
Tras la sanción, Paula Moreno, directora de Personas con Discapacidad de San Juan, dialogó con Radio Mil20 y señaló que la norma reemplaza un esquema de emergencia por una política de Estado con financiamiento específico. Según explicó, la legislación anterior no contaba con una partida presupuestaria asignada, lo que dificultó su implementación. En ese marco, sostuvo que el nuevo texto conserva el espíritu de la ley previa, pero con mayor previsibilidad institucional.
Pensiones y compatibilidad laboral
Uno de los cambios centrales alcanza a las pensiones no contributivas. La ley mantiene la pensión por invalidez laboral e incorpora la pensión por discapacidad, vinculada al Certificado Único de Discapacidad (CUD) y a las barreras que enfrentan las personas en distintos ámbitos de su vida. Moreno explicó que esa prestación no quedará limitada a la imposibilidad de trabajar, sino que contemplará la condición de discapacidad en un sentido más amplio. También precisó que será compatible con una actividad laboral formal o con la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La funcionaria consideró que esa compatibilidad puede favorecer la inclusión laboral, porque evita que una persona rechace un empleo por temor a perder la pensión. Además, indicó que la nueva prestación tendrá criterios y requisitos de acceso, entre ellos condiciones socioeconómicas que permitirán definir quiénes pueden recibirla. En su análisis, el cambio apunta a sostener ingresos y, al mismo tiempo, no desalentar el acceso al trabajo registrado o a una actividad independiente formalizada.
Pagos a instituciones y reglamentación
La norma también introduce cambios para los centros e instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad. Establece la actualización de los valores del nomenclador según los índices previstos en la ley y fija un plazo máximo de 90 días para los pagos. Además, prevé que la Secretaría Nacional de Discapacidad (CENADIS) publique un cronograma de pagos. Moreno señaló que, aunque durante la vigencia de la ley de emergencia hubo actualizaciones de aranceles, los desembolsos llegaron a demorarse más de 90 días, por lo que consideró relevante la fijación de un límite temporal expreso.
Después de la aprobación en la Cámara alta, el próximo paso es la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo nacional, instancia necesaria para poner en marcha los distintos artículos. Moreno afirmó que el consenso político alcanzado durante el tratamiento legislativo reduce la posibilidad de obstáculos en esa etapa. También indicó que en el debate participaron legisladores sanjuaninos, organizaciones locales, personas con discapacidad y representantes del Consejo Federal de Discapacidad, que aportaron observaciones para mejorar el texto. La aplicación efectiva de la ley dependerá ahora de esa reglamentación y de la definición de los mecanismos operativos para pensiones, prestaciones y pagos.




