La secretaria gremial de ADICUS, Edith Liquitay, respondió a la presentación judicial iniciada por un grupo de familias de colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan para intentar frenar los paros docentes y afirmó que ni el gremio ni la casa de estudios fueron notificados formalmente de la causa. En diálogo con Radio Colón, sostuvo que dirigir la demanda contra los trabajadores o la universidad no resuelve el problema, porque la responsabilidad recae sobre la administración nacional. "Van a tener que innovar porque realmente no entiendo cómo va a ser el mecanismo de reclamo, porque en realidad quien está incumpliendo la ley aquí es el Gobierno nacional", declaró la dirigente sindical.
El amparo de las familias
La presentación judicial fue realizada por familias autoconvocadas de la Escuela Industrial, la Escuela de Comercio y el Colegio Central Universitario, que recurrieron a la Justicia Federal mediante un amparo colectivo. El abogado patrocinante, Mariano Domínguez, fundamentó la medida en la necesidad de proteger el derecho constitucional a la educación ante la acumulación de 38 jornadas sin clases en lo que va de 2026 por los paros, cifra que según el letrado superará las 40 jornadas esta semana con las nuevas medidas anunciadas. La acción solicita una cautelar para suspender las huelgas en los establecimientos preuniversitarios, garantizar el cumplimiento de los pisos legales de entre 180 y 190 días de clases efectivas y aplicar la normativa nacional de servicio esencial, que exige fijar un 75% de prestación mínima.
Liquitay diferenció la representación legal del conjunto de las familias y señaló que los dos abogados que patrocinan el reclamo se desempeñan como funcionarios del gobierno provincial. "Dentro del colectivo de madres y padres claramente hay heterogeneidad ideológica, y con todo respeto lo digo, me parece que es errado; por supuesto que tienen toda la libertad de hacer lo que deseen con su dinero, pero la verdad es que no hay antecedentes de resolución y quien tiene que resolver la situación es el Gobierno nacional", afirmó. También expresó inquietud por el gasto asumido por los tutores: "No sé cuál va a ser la respuesta a los padres que ya pusieron todo su dinero en esto, cuando en realidad la única solución es que el Ejecutivo destrabe esta situación".
Antecedentes con las familias
La gremialista recordó que el vínculo con los tutores no siempre estuvo marcado por la tensión judicial. Detalló que durante el primer cuatrimestre hubo reuniones con padres y madres que expresaban preocupación por las clases pero también comprendían el contexto del conflicto salarial. De ese entendimiento surgió una carta firmada en conjunto por familias y comunidad universitaria dirigida a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para instarla a cumplir la ley, además de abrazos simbólicos y marchas de antorchas realizadas de manera conjunta.
Fundamentos del paro
Liquitay confirmó que la casa de estudios convocó un nuevo paro de 72 horas para los días miércoles 30 de septiembre, jueves 1 y viernes 2 de octubre. Citó un fallo del juez federal Martín Cormick, que según indicó intima al Gobierno nacional a aplicar en un plazo de cinco días hábiles la ley de financiamiento universitario. Sobre la negociación salarial, denunció que no hubo recuperación de espacio paritario y que la información recibida de los funcionarios nacionales consiste en porcentajes unilaterales que no resuelven la situación de fondo. Agregó que, según pudo constatar el gremio, el presupuesto presentado por el Gobierno nacional para las universidades es un tercio menor al vigente.
Perspectiva para 2027
La dirigente advirtió que, de no haber respuestas salariales, el conflicto podría endurecerse el próximo año con medidas como la no toma de exámenes o la falta de inicio de clases en 2027. Ratificó además la organización de una quinta marcha federal para reclamar al Gobierno nacional que destrabe la situación presupuestaria y salarial. Cerró su postura frente a la demanda de los tutores llamando a evitar divisiones internas y a canalizar el reclamo hacia el Poder Ejecutivo: "Nosotros queremos volver a las aulas, terminar de poder ejecutar todo lo que hemos planificado y seguir realizando las prácticas, por eso los llamamos a la unidad y a marchar juntos el 15 de octubre en defensa de la universidad pública".
Datos a seguir: el paro de 72 horas regirá entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, mientras que la marcha convocada por ADICUS en defensa de la universidad pública está prevista para el 15 de octubre.
