La Casa Blanca preparó una estrategia para gobernar frente a mayorías demócratas mediante órdenes ejecutivas, decretos y vetos, según informes de medios internacionales. El esquema apunta a sostener la agenda presidencial aun si el Congreso queda en manos de la oposición, con impacto directo sobre el margen de negociación política en Estados Unidos.
Las previsiones incluyen también mecanismos para contener eventuales investigaciones parlamentarias contra la Administración. De acuerdo con los informes del sitio France 24 y la agencia de noticias Reuters, el presidente Donald Trump recorrió el país para movilizar a sus votantes y preservar las ajustadas mayorías republicanas en Washington, mientras sus principales colaboradores trabajan desde hace meses en un escenario adverso.
En público, Trump pidió a los estadounidenses que voten republicano para evitar que sus adversarios políticos le “aten las manos”, y remarcó que su nombre no figura en las boletas. El propio mandatario anticipó el tono de esa eventual etapa en una entrevista para el podcast Pod Force One, del New York Post, donde reconoció que, si los republicanos pierden el control del Congreso, podría convertirse en el “señor veto”. Según explicó, usaría esa facultad durante “uno o dos meses” antes de sentarse a negociar con los demócratas.
El núcleo del plan está en manos de Stephen Miller, subjefe de gabinete y uno de los principales arquitectos de la política migratoria de Trump, y de Russell Vought, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto. Ambos trabajan junto al asesor jurídico de la Casa Blanca, Will Scharf, para identificar qué decisiones podría adoptar el presidente sin requerir una nueva ley. El objetivo es ampliar el uso de herramientas administrativas y legales para evitar que cada iniciativa dependa de una negociación con legisladores demócratas.
Entre las medidas en estudio figuran nuevos aranceles a las importaciones de minerales críticos y turbinas eólicas, además de un endurecimiento de las condiciones para los visados de estudiantes internacionales y trabajadores extranjeros temporales. También hay propuestas vinculadas con la reducción de los costos de la vivienda y de la construcción. En el plano presupuestario, Vought examina qué prioridades de la Administración pueden financiarse con fondos ya autorizados por el Congreso y, además, busca modificar las normas de concesión de subvenciones federales para dar mayor capacidad de decisión a los cargos designados políticamente.
Antecedentes y límites La estrategia parte de una experiencia ya conocida para Trump, que desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 recurrió a órdenes y decisiones presidenciales para imponer aranceles generalizados, intensificar la política migratoria, reducir la plantilla federal y avanzar en objetivos de política exterior, incluida la guerra contra Irán, sin esperar nuevas leyes. La excepción fue el paquete de recortes fiscales y de gasto que consiguió aprobar con mayorías republicanas y que promulgó en julio de 2025. Aun así, la propia Casa Blanca reconoce que un presidente dispone de amplios poderes ejecutivos, pero no puede ignorar al Congreso.
Una victoria demócrata en el Senado permitiría bloquear nombramientos presidenciales para cargos judiciales y ejecutivos, incluidos eventuales candidatos a la Corte Suprema. Además, los demócratas podrían trabar iniciativas del presidente, mientras que Trump tendría la posibilidad de vetar proyectos impulsados por la oposición. Sin una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, esos vetos serían difíciles de revertir. En paralelo, los tribunales podrían suspender o anular decisiones ejecutivas que consideren contrarias a la legislación vigente, por lo que la Casa Blanca busca dictámenes jurídicos del Departamento de Justicia para anticipar impugnaciones y sostener sus medidas.
El frente más sensible, según el informe, es el poder de investigación del Congreso, que no puede resolverse mediante una orden ejecutiva. Legisladores demócratas de la Cámara de Representantes y asesores de distintos comités debatieron cómo usar audiencias, citaciones y pedidos de documentos para investigar si Trump utilizó la Presidencia en beneficio propio, de aliados o de donantes. Ese escenario explica buena parte de los preparativos jurídicos de la Administración y marca el próximo capítulo de la disputa institucional en Washington.
