La investigación por el supuesto ingreso irregular de Flávio Nantes Bolsonaro a la Argentina terminó en Puerto Iguazú con el archivo de la denuncia. La Fiscalía Federal de esa jurisdicción desestimó el planteo al concluir que no surgieron elementos para sostener la existencia de un delito.
La resolución fue firmada por el fiscal federal subrogante Aníbal Fabián Martínez, a partir de dos presentaciones recibidas el 28 de octubre. Las denuncias cuestionaban presuntas irregularidades en el cruce fronterizo, una eventual evasión de controles migratorios y aduaneros, y el supuesto incumplimiento de medidas cautelares dictadas en el extranjero. En ese marco, la fiscalía pidió informes a los organismos competentes para verificar si existían restricciones vigentes.
Informes oficiales Interpol informó que, al momento de la consulta, no figuraban órdenes de captura, requerimientos judiciales ni restricciones vigentes contra el ciudadano brasileño en sus bases de datos. La Dirección Nacional de Migraciones, por su parte, confirmó los movimientos registrados en el sistema oficial. Según ese informe, Bolsonaro ingresó al país desde Brasil el 27 de octubre de 2026, a las 22.37, por el Puente Internacional Tancredo Neves.
Menos de una hora y media después, a las 23.52, salió desde el Aeropuerto Cataratas del Iguazú en un vuelo privado con destino a Ecuador. Con esos datos, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que el dirigente brasileño tenía autorización legal y documentación suficiente para entrar, permanecer en tránsito y salir del territorio argentino. También indicó que no se detectaron anomalías en los procedimientos migratorios ni en la actuación de los agentes intervinientes.
Alcance procesal A partir de esa evaluación, Martínez consideró que no era necesario avanzar con otras medidas de prueba solicitadas en las denuncias, entre ellas imágenes de cámaras de seguridad, documentación aeroportuaria, registros de pasajeros, comunicaciones de la aeronave con matrícula LV-JQW y datos vinculados con empresas privadas. La fiscalía concluyó que la información reunida alcanzaba para descartar la hipótesis delictiva dentro de su jurisdicción y dispuso el archivo de las actuaciones por inexistencia de delito.
El caso, sin embargo, tendrá una derivación en la Ciudad de Buenos Aires. La sede fiscal de Puerto Iguazú remitirá una copia de la resolución a la Fiscalía Federal N° 10, donde tramita otra investigación bajo el expediente CFP 5270/2026. Esa causa reúne denuncias de características similares y posibles hechos ocurridos en territorio de la Capital Federal, por lo que la definición adoptada en Misiones no cierra la discusión en el resto del país.
