Cuatro acusados admitieron la estafa millonaria y recibieron penas condicionales
En un juicio abreviado, cuatro integrantes de una banda reconocieron haber defraudado a dos comercios sanjuaninos con cheques sin fondos. Aunque las condenas fueron menores y recuperaron la libertad, deberán cumplir reglas de conducta y no acercarse a las firmas damnificadas.
Cuatro de los siete imputados por una maniobra que afectó a dos comercios de San Juan fueron condenados en el marco de un juicio abreviado, tras admitir que engañaron a sus víctimas por casi $100.000.000. Se trata de Hugo Mario De los Ríos, Jorge Alberto Paz, Mauricio Jesús Altamirano y Ricardo Javier Martínez, quienes aceptaron una pena menor y recuperaron la libertad.
Los tres primeros recibieron 3 años de prisión condicional, mientras que Martínez fue condenado a 2 años y 6 meses. El acuerdo fue alcanzado entre las defensas y la fiscalía, representada por Duilio Ejarque, y luego homologado por el juez Alberto Caballero.
La resolución también dispuso que deberán cumplir reglas de conducta durante tres años, bajo supervisión del Patronato de Presos y Liberados, y con prohibición absoluta de acercamiento o contacto con las empresas damnificadas, Fase Electricidad y Color Shop. Según la acusación, se presentaban como empresarios vinculados a un supuesto proyecto de remodelación de una bodega de Albardón, relacionado con el denominado Circuito del Vino.
El resto de los detenidos, José Luis Olivares, Ariel Eduardo Castro y Gustavo Adrián Ortiz, continuará el proceso penal. La Investigación Penal Preparatoria fue fijada por el término de un año; Ortiz quedó con prisión preventiva por sus antecedentes penales, mientras que los otros dos recuperaron la libertad.
La maniobra habría comenzado a fines de noviembre de 2025 y se extendió hasta mediados de diciembre de ese año. De acuerdo con la investigación, los acusados simulaban representar a Bossaball S.A. y concretaban compras de materiales eléctricos y pinturas mediante e-checks fraudulentos o sin fondos, entregados antes de que los comercios verificaran la acreditación.
El perjuicio para Fase Electricidad fue de $61.817.158,62, mientras que Color Shop sufrió pérdidas por más de $35 millones. La suma de ambas operaciones elevó el daño económico a casi $100 millones.
Parte de la mercadería era llevada a la llamada Bodega Hidalgo, en Albardón, un inmueble abandonado desde hacía aproximadamente 20 años. Desde allí, los productos eran cargados nuevamente en camiones y camionetas para su traslado hacia Mendoza.
La querella, en representación de Color Shop, se opuso al juicio abreviado al considerar que las penas resultaban bajas frente a la magnitud del caso y que los hechos debían encuadrarse como asociación ilícita. Sin embargo, el planteo no prosperó y el juez homologó el acuerdo alcanzado.
