Paulón cuestionó al Gobierno por no ejecutar la ley universitaria pese al fallo judicial

A 39 días del fallo de la Corte Suprema de Justicia, el diputado nacional Esteban Paulón denunció que el Gobierno nacional no aplicó la Ley de Financiamiento Universitario. En redes sociales, cuestionó a funcionarios del área educativa y acusó a Alejandro Finocchiaro de "mentir" por sus dichos en la última reunión de la Comisión de Educación.

El 25 de junio, el máximo tribunal resolvió no intervenir y dejó firme la sentencia que ordenaba al Poder Ejecutivo Nacional girar 2.5 billones de pesos para cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Según la denuncia, el Gobierno había suspendido esa parte de la norma, que frenaba las actualizaciones salariales del personal docente y no docente, además de la recomposición de las becas estudiantiles.

Paulón también mencionó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y al secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, a quienes calificó de "mentirosos". Sostuvo que "siguen sin cumplir la Ley Universitaria, a pesar del fallo de la Corte. Docentes, no docentes y rectores denuncian que las partidas siguen sin llegar".

En ese marco, el legislador volvió a cuestionar a Alejandro Finocchiaro, quien el 1° de julio afirmó que había hablado con el Gobierno y que los giros presupuestarios para las casas de altos estudios estarían listos para "el 15 de julio". De acuerdo con Paulón, eso no ocurrió. El diputado recordó además que intimó al nuevo jefe de Gabinete para exigir el cumplimiento de la ley y pedir el cronograma de ejecución "sin trampas ni atajos".

En su planteo, el legislador había sintetizado: "Tres jefes de Gabinete y la misma ley sin cumplir", en referencia a las gestiones de Guillermo Francos y Manuel Adorni. También señaló que "no es una sugerencia" y remarcó que la Ley 27.795 fue aprobada dos veces por el Congreso de la Nación.

El conflicto por el financiamiento universitario se arrastra desde el inicio de la gestión de Javier Milei, cuando prorrogó el Presupuesto 2023. En ese contexto, el sistema universitario reclamó mayores partidas y el 23 de abril de 2024 se realizó la primera marcha federal, que movilizó a un millón de personas hacia Casa de Gobierno.

Luego, la oposición impulsó una primera versión de la ley, sancionada el 12 de septiembre de 2024, pero vetada por Milei y rechazada en la insistencia gracias al tercio conformado por La Libertad Avanza, el Pro, Liga del Interior y monobloques de Tucumán, Tierra del Fuego y Santa Cruz. En 2025, una nueva iniciativa fue sancionada el 21 de agosto en el Senado, vetada nuevamente por el Presidente y luego ratificada por ambas cámaras: Diputados reunió 174 votos a favor y el Senado la dejó firme el 2 de octubre con 58 votos afirmativos.

Finalmente, el Gobierno promulgó la ley pero suspendió la aplicación de los artículos 5 y 6 mediante el decreto 759/2025, firmado por el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Desde entonces, la discusión pasó a la Justicia. El último intento del oficialismo por derogar la norma fue a través del Presupuesto 2026, pero la propuesta cayó en la Cámara de Diputados y las leyes quedaron vigentes.