San Juan aguarda el informe nacional sobre el paro docente y la aplicación de la nueva ley

La primera jornada de paro docente bajo la vigencia de la Ley de Modernización Laboral planteó un escenario nuevo para el sistema educativo. En San Juan, el Gobierno provincial siguió de cerca el alcance de la medida impulsada por CTERA, aunque evitó adelantar definiciones sobre un eventual incumplimiento de la prestación mínima prevista en la norma.

En diálogo con TELESOL, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, afirmó que la Provincia aguardará los criterios que adopte el Gobierno nacional antes de tomar decisiones. Recordó que la legislación exige garantizar un piso del 75% en el servicio educativo y remarcó que esa obligación sigue vigente tras la ratificación judicial. Según explicó, el Ministerio de Capital Humano puso en marcha un esquema de control para evaluar el desarrollo del paro con datos concretos.

"Esperaremos la evaluación que haga el Gobierno nacional y la interpretación que se adopte sobre la aplicación de la ley. Nosotros actuaremos en ese mismo sentido porque la norma es una sola", expresó Achem. También sostuvo que pronunciarse antes de contar con los informes oficiales podría derivar en controversias judiciales, por lo que insistió en mantener prudencia.

Por su parte, la secretaria de Educación, Mariela Lueje, confirmó a TELESOL que se trata de una situación inédita para el sistema educativo argentino. "Es la primera vez que se da una situación así con la Ley Nacional de Modernización Laboral vigente", señaló. Además, indicó que durante toda la jornada se realizó un relevamiento en los establecimientos para conocer la cantidad de docentes presentes y el nivel de funcionamiento de las escuelas.

"Estamos relevando la cantidad de docentes y poniendo la mirada en el servicio educativo para hacer el cumplimiento de la ley", afirmó Lueje. También precisó que el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Petovello, envió instrucciones para unificar el procedimiento de control en todo el país y remarcó que inspectores fueron desplegados en distintos establecimientos con el objetivo de reunir información sobre el paro y verificar la prestación mínima exigida por la legislación.

Si bien en el Gobierno provincial admitieron que la adhesión a la medida fue importante, todavía no existe un porcentaje oficial de acatamiento. Con esos datos en elaboración, la Provincia esperará el informe nacional antes de definir si corresponde avanzar con alguna acción vinculada al cumplimiento de la nueva normativa.