La Corte ratificó la salida de Pagés de una demanda civil, mientras sigue trabada la causa penal
El máximo tribunal provincial dejó firme la exclusión del juez Roberto Pagés en una acción impulsada por Fiscalía de Estado por las expropiaciones ligadas al dique Cuesta del Viento. En paralelo, permanece sin activarse la investigación penal ordenada en la megacausa, a la espera de la revisión de las condenas.
La megacausa de las expropiaciones sumó un nuevo capítulo en el terreno civil. La Sala II de la Corte de Justicia confirmó la desvinculación del juez Roberto Pagés en la demanda promovida por Fiscalía de Estado, que pretendía recuperar 269 mil dólares vinculados a un proceso considerado irregular en la sentencia.
El máximo tribunal no habilitó el planteo del organismo que representa el patrimonio público porque, según indicó, no se cumplieron los requisitos formales para revisar si existieron arbitrariedades en las instancias anteriores. En ese marco, la jueza Adriana Tettamanti y los camaristas Juan Jesús Romero, María Josefina Nacif y Sergio Rodríguez sostuvieron que los magistrados no pueden ser demandados por el contenido de sus sentencias, salvo excepciones legales específicas.
La sentencia, firmada por Daniel Olivares Yapur, el subrogante Juan Carlos Pérez y la conjueza Olga Pastor, se dictó pocos días antes de la feria judicial. La discusión gira en torno al artículo 200 de la Constitución Provincial, que establece una garantía constitucional para los jueces y que, en este caso, fue considerado el eje central del planteo sin ser rebatido por Fiscalía de Estado.
La definición civil convive con otro frente abierto en la megacausa: el Tribunal de juicio, integrado por Silvina Rosso, Martín Heredia y Matías Parrón, condenó a nueve imputados y ordenó investigar a Pagés por la tramitación de expedientes de expropiaciones señalados como fraudulentos. Sin embargo, la pesquisa penal sigue frenada por los recursos presentados ante la Corte por las defensas de los condenados.
Fuentes judiciales señalaron que, si la condena fuera confirmada, podría activarse la investigación penal contra el hoy camarista civil. En cambio, si la resolución cae en su totalidad o no prospera la vía de nulidad, lo dispuesto por el tribunal quedaría sin efecto. La megacausa, cuya denuncia data de 2010, continúa atravesando demoras y recusaciones derivadas de los vínculos y roles de los involucrados.
En el expediente también aparecen referencias a los casos "Luna, Ricardo Benito" y "Esquivel, Margarita", ambos vinculados a expropiaciones para el dique Cuesta del Viento, en Iglesia. Allí se cuestionó la validación del llamado Plenario Luna, por el que el Tribunal de Tasaciones de la Provincia pasó de valuar terrenos rurales por hectárea a hacerlo por metro cuadrado. En esos procesos, el Estado sostuvo pagos por 1.011.000 pesos y 2.470.000 pesos, además de honorarios regulados en dólares.
