Falló la conciliación y el caso por injurias contra José Castro avanza a una audiencia decisiva

El 4 de agosto, el intendente de Angaco, José Castro, y el exconcejal José Risueño volverán a coincidir en una audiencia judicial tras la denuncia por calumnias e injurias presentada contra el jefe comunal. Risueño además reclama 80 millones de pesos por daños y perjuicios derivados de las expresiones que Castro realizó en medios de comunicación.

La primera audiencia de conciliación se desarrolló el 2 de julio, pero no tuvo resultado. Por ese motivo, la instancia fijada para la semana que viene aparece como un paso central, con la expectativa de que se presenten pruebas y testimonios que luego serán incorporados al juicio.

Fuentes calificadas señalaron que Castro deberá contestar por escrito la demanda el día previo a la audiencia, en un documento que funcionará como defensa frente a las acusaciones de Risueño. En el expediente también está incluida la acción civil por el monto reclamado, que en principio deberá ser resuelta por el juez.

Castro y Risueño compartieron espacio político en el departamento, al punto de que el entonces concejal integró la lista que acompañó al intendente en su primera gestión. Esa relación se quebró a fines de 2019, cuando Risueño, junto con Mario Pacheco, Valeria Garay y Alberto Fernández, denunció a Castro por el presunto uso de maquinaria y empleados municipales en un terreno de Chimbas.

Por esa causa, el intendente está procesado y a la espera de un juicio suspendido por los delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario y abuso de autoridad. En paralelo, también se tramita otra denuncia vinculada al acuerdo de reparación que presentó con el aval de tres concejales, mientras en Tribunales se analiza si corresponde que siga como causa penal o si debe pasar a la justicia Civil.

En medio de ese escenario, Castro sostuvo en declaraciones públicas que es víctima de una "persecución política" y acusó a Risueño de haber cometido maniobras de corrupción y manejos irregulares de fondos cuando trabajaba en la Tesorería municipal. Risueño, por su parte, afirmó que esas expresiones le provocaron "un daño de extraordinaria gravedad, afectando no solo el honor subjetivo, sino también la reputación social, la credibilidad pública, la dignidad personal y la imagen comunitaria".

Fuentes de Tribunales indicaron que la particularidad del caso radica en que la acción penal incorpora además una demanda civil por daños y perjuicios. También señalaron que no interviene el Ministerio Público Fiscal y que, si Castro fuera declarado inocente, la pretensión resarcitoria quedaría sin efecto.