La Casa Rosada prepara cambios en el corretaje y el sector alerta por la desregulación

El Gobierno nacional trabaja en un proyecto de ley que introduce cambios en el funcionamiento del mercado inmobiliario. La propuesta, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apunta a flexibilizar las normas que regulan el corretaje y a abrir un debate en el Congreso.

Si bien su envío estaba previsto para junio, el texto sería presentado en los próximos días junto con otras iniciativas vinculadas a reformas económicas y tributarias. Entre los puntos en estudio se encuentra la revisión del esquema vigente, que hoy exige la matriculación de corredores y martilleros a través de colegios profesionales provinciales.

Desde el Ejecutivo sostienen que ese sistema restringe la competencia, dificulta el ingreso de nuevos actores y retrasa la adopción de herramientas tecnológicas. Por eso, analizan eliminar algunas exigencias para ejercer la actividad, ampliar la libertad para fijar honorarios y habilitar nuevos modelos de comercialización de inmuebles.

Quienes apoyan la reforma afirman que una mayor competencia podría beneficiar a propietarios, compradores e inquilinos, además de acelerar la modernización del sector con el uso de inteligencia artificial, recorridos virtuales y plataformas digitales. En cambio, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios y distintas entidades provinciales rechazaron la iniciativa y defendieron el sistema actual.

En San Juan, el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, Esteban Costela, expresó su preocupación y señaló que el proyecto permitiría ejercer la actividad a personas con estudios secundarios, pero sin título universitario ni matrícula profesional. "No se trata de defender a los colegios profesionales, sino de proteger a quienes invierten los ahorros de toda una vida en la compra de una vivienda", afirmó.

Costela también remarcó que el esquema vigente cuenta con un Tribunal de Ética para sancionar a los matriculados y advirtió que, si se desregula la actividad, los ciudadanos deberían recurrir a la Justicia ante una estafa o irregularidad, con procesos largos y costosos. Además, sostuvo que las consultas por presuntas estafas recibidas en el colegio sanjuanino estuvieron vinculadas a operaciones entre particulares o a personas que ejercían de manera ilegal.

El dirigente aclaró, por otra parte, que una eventual aprobación en el Congreso no implicará una aplicación automática en todo el país. Según explicó, cada provincia tiene su propia legislación sobre el ejercicio profesional y deberá decidir si adhiere o no a la nueva norma. "Si la ley nacional avanza, después cada provincia tendrá que resolver si la implementa. En San Juan vamos a trabajar para que eso no ocurra", aseguró.

Mientras el Gobierno insiste en que la reforma busca eliminar trabas y fomentar la competencia, las entidades profesionales sostienen que la desregulación no garantiza una baja de costos y puede favorecer la informalidad. El proyecto aún no ingresó formalmente al Congreso, aunque ya dejó planteadas posiciones enfrentadas entre el Ejecutivo y el sector inmobiliario.