Sombra sobre el Acueducto Gran Tulum: la Justicia ratifica a la jueza Lucero mientras se agotan los plazos de una causa millonaria
Justicia ratificó a la jueza Lucero. Marcelo Arancibia tildó la defensa de "virulenta" y acusó de "embarrar la cancha". La causa nació por caños defectuosos en una obra de 100 millones de dólares. Arancibia exige celeridad para evitar que el fraude quede impune por prescripción.
La megacausa que investiga presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum sumó un capítulo determinante este viernes 24 de julio de 2026. La Justicia sanjuanina decidió desestimar la denuncia por prevaricato y rechazar la recusación contra la jueza de Garantías, Mónica Lucero. Este revés judicial para los expresidentes de OSSE, Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, despeja el camino para que la investigación continúe, aunque el tiempo apremia ante el riesgo de prescripción.
El contraataque fallido de la defensa
La controversia se intensificó cuando la defensa de los exfuncionarios, encabezada por el abogado Nasser Uzair, intentó apartar a la magistrada acusándola de dictar resoluciones arbitrarias o contrarias a la ley a sabiendas de que son injustas. El detonante fue la decisión de Lucero de avalar una prórroga de 90 días hábiles para que la UFI Delitos Especiales continúe con la investigación preliminar.
Sin embargo, el fiscal Adolfo Díaz dictaminó que "no se puede deducir la apariencia siquiera de la existencia de hechos ilícitos que ameriten ser investigados" en el accionar de la jueza. Según el dictamen, el Ministerio Público no tiene la facultad de evaluar el desempeño técnico de los jueces, tarea que correspondería a un tribunal superior. Además, se ratificó que Sirerol y Ruiz no pueden ser parte formal del expediente todavía porque por el momento no están acusados ni investigados, ya que la Fiscalía aún determina si existió delito.
La visión del denunciante: "Embarrar la cancha"
El doctor Marcelo Arancibia, quien inició esta causa como ciudadano a fines del año pasado, se mostró sorprendido por la estrategia de la defensa. Arancibia calificó la reacción como inédita: "Nunca he visto una reacción tan virulenta por parte de dos personas que ni siquiera están acusadas o formalizadas".
Para el abogado denunciante, los planteos de recusación masiva contra la jueza y todos los fiscales de la unidad de Delitos Especiales tienen un objetivo claro: "Es querer embarrar la cancha para que la causa no avance y el hecho quede eventualmente impune". Arancibia comparó la desproporción de los recursos legales utilizados con una metáfora contundente: "Es como que para matar a una hormiga utilizan un misil".
El origen de la historia: caños que "revientan" y un préstamo de 100 millones
La génesis de esta investigación se remonta a informes periodísticos de 2022 que señalaban irregularidades en las contrataciones durante la gestión de Sergio Uñac. El eje central del presunto fraude radica en los materiales utilizados por la empresa constructora. Según Arancibia, existen informes técnicos que indican que los caños utilizados no servían porque se reventaban cuando largaban el agua.
La gravedad del hecho no solo es técnica, sino financiera y social. La obra se financió con un préstamo del Fondo de Kuwait de aproximadamente 100 millones de dólares, una deuda que los sanjuaninos ya están devolviendo. "La obra que iba a garantizar el consumo de agua potable para los próximos 50 años no está, los caños no sirven, el préstamo hay que devolverlo y la justicia tiene que señalar quiénes son sus responsables", sentenció Arancibia.
La carrera contra el reloj
Actualmente, corre el segundo y último plazo de 90 días concedido por la ley para que los fiscales concluyan si hubo delitos contra la administración pública. El riesgo de que la causa "quede en la nada" es real si no se llega a una formalización pronta.
"Esperemos que los fiscales se apuren y formalicen porque si no esta causa lo más probable es que quede en la nada, no porque no haya habido delito, sino porque las causas también prescriben por el paso del tiempo", advirtió con preocupación el doctor Arancibia, señalando que, de ocurrir esto, el Estado sería "doblemente víctima" por el perjuicio económico y la falta de justicia. Por ahora, tras el rechazo de los incidentes contra la jueza Lucero, la investigación penal preparatoria sigue su curso bajo la lupa de la opinión pública
