Abren una pesquisa por una denuncia de presunto maltrato en la Comisaría 31ª y revisan el recorrido de un arma oficial

La Subsecretaría de Control de Gestión del Ministerio de Seguridad puso en marcha una investigación administrativa para esclarecer la denuncia presentada por la madre del joven que afirmó haber sufrido lesiones durante su detención en la Comisaría 31ª. El subsecretario Damián Villavicencio indicó que la presentación fue realizada este miércoles por la mañana y que, junto con el informe del agente de control del organismo, ya están dadas las condiciones para iniciar las actuaciones.

"Con la queja administrativa presentada por la madre y el informe que ya obra en la Subsecretaría estamos en condiciones de comenzar una investigación para determinar qué fue lo que realmente ocurrió", señaló el funcionario. Según explicó, el episodio se habría producido en un procedimiento de identificación en el que un joven, presuntamente sin documentación, fue aprehendido para dar inicio a un expediente administrativo. Villavicencio aclaró que por el momento no hay conclusiones y que la información reunida deberá ser verificada.

La familia sostiene que el joven sufrió una fractura en una de sus piernas y que la lesión habría sido consecuencia de agresiones de efectivos policiales durante el procedimiento. En ese marco, la Subsecretaría pedirá un informe al médico legista para determinar el tipo y la gravedad de las lesiones. También se evaluarán cámaras de seguridad, testimonios y la declaración de la madre y de eventuales testigos para reconstruir la secuencia de los hechos.

"Vamos a reunir toda la información necesaria para poder determinar objetivamente lo sucedido", afirmó Damián Villavicencio. El funcionario agregó que la investigación administrativa se apoyará en la documentación disponible para precisar con mayor detalle lo ocurrido en la dependencia policial.

En la misma conferencia, Villavicencio se refirió a la pesquisa abierta tras un oficio judicial remitido desde Salta, donde fue secuestrada una pistola registrada a nombre de la Policía de San Juan. El arma apareció en el marco de un hecho delictivo y, a partir de esa comunicación, la fuerza provincial inició un relevamiento interno a través de la División D-4 para reconstruir su recorrido.

"La investigación busca determinar cuál fue la trazabilidad del arma, si estuvo asignada a algún efectivo policial y qué ocurrió hasta que apareció en otra provincia", explicó. La pistola forma parte de un lote de 500 armas Bersa calibre 9 milímetros adquirido por la Policía de San Juan en 2022, por lo que también se solicitó el expediente administrativo de esa compra para reconstruir el circuito de recepción y distribución.

El relevamiento alcanza a todas las dependencias policiales, incluidas comisarías, unidades operativas, casillas y oficinas administrativas. Villavicencio reconoció que la tarea demanda tiempo debido a que el sistema de registración del armamento sigue siendo, en gran medida, manual. "La División Armamento trabaja con un sistema bastante antiguo. Si bien existe una parte informatizada, la mayor parte del registro se realiza mediante fichas, actas y documentación en papel, por eso el proceso demanda más tiempo", precisó.

Por el momento, el subsecretario aclaró que no hay ningún efectivo policial imputado ni sometido a actuaciones administrativas por este caso. "La investigación está centrada exclusivamente en esa arma porque contamos con su número de serie. Si durante el relevamiento aparecen otras irregularidades o faltantes, se ampliarán las actuaciones, pero hoy no tenemos detectado ningún otro caso", sostuvo.

También descartó que los recientes movimientos internos dentro de la fuerza estén vinculados con esta investigación y señaló que los traslados de personal responden a la dinámica habitual de la Jefatura de Policía. Villavicencio estimó que el relevamiento integral del armamento provincial demandará entre un mes y un mes y medio.