Ratifican la cesantía de un maestro por presentar certificados médicos adulterados

Un sumario administrativo determinó que el docente Pablo Nievas había presentado al menos 10 certificados médicos para justificar sus ausencias durante 2021 y 2022, aunque una auditoría concluyó que los documentos estaban adulterados. Desde el área legal del Ministerio de Educación se consideró que se trató de una falta grave y se resolvió su cesantía.

El maestro cuestionó la medida y pidió que fuera revisada por una instancia superior en el ámbito administrativo, pero el Gobierno, a través de sus servicios jurídicos, confirmó el desplazamiento. El decreto que rechazó el recurso de reconsideración presentado por Nievas trascendió ayer, pese a que había sido dictado hace unos meses.

Según la resolución oficial, la situación se originó en agosto de 2022, a partir de una denuncia interna realizada por las autoridades de las escuelas pocitanas General Mariano Acha y Carlos Saavedra Lamas, donde el docente cumplía tareas. Las directoras advirtieron irregularidades en la carta médica presentada por Nievas el 16 de agosto de 2022, lo que derivó en la apertura de la investigación.

La Dirección de Control y Reconocimientos Médicos informó que no se le había concedido licencia alguna desde 2021 y que los permisos enviados por WhatsApp presentaban observaciones. La repartición concluyó que "surgirían hipotéticas irregularidades en cuanto a sus contenidos, arrojando identidad con el número de identificaciones de cartillas y los profesionales auditores intervinientes".

Las áreas legales remarcaron además que los certificados "no fueron otorgados ni validados por el organismo competente, por haberse detectado irregularidades en el contenido, formato y legitimidad". También se indicó que en 2021 habían sido rechazados tres pedidos de licencia tramitados por la web y que no existía constancia de solicitudes por internación o Junta Médica durante ese período.

La instrucción sumarial imputó a Nievas un "incumplimiento reiterado de las funciones inherentes al cargo docente, al haber adulterado cartas médicas". La conducta fue encuadrada como falta grave y, finalmente, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, dispuso la cesantía el 27 de junio de 2025.

El 18 de septiembre de ese año, el docente presentó un recurso de reconsideración para que la decisión fuera revisada. En su descargo sostuvo que la sanción era "excesiva, arbitraria e injustificada" y afirmó que los certificados habían sido rechazados por "causas que eran subsanables", además de señalar que pudo haberse hecho "una interconsulta con el médico" que emitió el permiso.

En la instancia administrativa intervinieron la Oficina Centralizada de Investigaciones y Sumarios Administrativos del Personal y la Asesoría Jurídica y de Control de Legalidad del Gobierno. Los abogados sostuvieron que "no corresponde a la autoridad subsanar deficiencias en certificados médicos, sino que constituye una carga del agente presentar documentación válida como condición necesaria para la obtención de licencias".

El servicio jurídico del Ejecutivo entendió que el propio docente "reconoce en su descargo la situación de incumplimiento y hasta ofrece la devolución de los días de licencia que no fueron otorgados por la autoridad". Con ese criterio, concluyó que "se encuentra acreditado que el agente reiteró su inconducta a lo largo del tiempo, circunstancia que agrava su responsabilidad y justifica el encuadre de la falta como grave, conforme los criterios establecidos en el régimen disciplinario aplicable".