Presentan un régimen para financiar el deporte adaptado, inclusivo y paralímpico

El diputado nacional Carlos Castagneto, de Unión por la Patria, presentó una iniciativa para fortalecer el desarrollo del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico en todo el país mediante un esquema propio de promoción y financiamiento.

El texto propone la creación de un Sistema de Promoción y Financiamiento del Deporte Adaptado, Inclusivo y Paralímpico, destinado a respaldar actividades de alto rendimiento, profesionales o profesionalizantes vinculadas con personas con discapacidad. Además, precisa las definiciones de deporte adaptado, deporte inclusivo y deporte paralímpico, este último según las disciplinas reconocidas por el Comité Paralímpico Internacional.

La propuesta lleva también las firmas de Jorge Chica, Jorge Mukdise, Jorge Neri Araujo Hernández, Sergio Dolce, Fernanda Díaz, Natalia Zaracho y Agustín Rossi. Entre los destinatarios figuran asociaciones civiles, clubes, entidades deportivas y sociedades de fomento que desarrollen de forma sostenida estas actividades y cuenten con participación activa de personas con discapacidad.

Uno de los ejes centrales establece que las empresas con programas de Responsabilidad Social Empresaria deberán asignar al menos el 20% de los recursos anuales previstos para esas acciones al financiamiento de iniciativas vinculadas al deporte adaptado, inclusivo y paralímpico. Esos fondos podrán destinarse a capacitación, infraestructura, accesibilidad, equipamiento, becas deportivas y otras acciones orientadas a ampliar la participación de personas con discapacidad.

El proyecto prevé, además, que las compañías registren de manera verificable los aportes realizados y los incluyan en sus balances sociales o informes equivalentes. La Subsecretaría de Deportes de la Nación quedaría a cargo de la aplicación y el control del régimen.

En los fundamentos, los autores sostienen que la iniciativa busca reducir desigualdades en el acceso al deporte y consolidar mecanismos para acompañar a deportistas con discapacidad desde edades tempranas hasta el alto rendimiento. También remarcan que no implica nuevas erogaciones para el Estado ni obligaciones económicas adicionales para las empresas, ya que apunta a ordenar recursos ya destinados a programas de responsabilidad social.

Asimismo, señalan que la propuesta se apoya en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la legislación de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Finalmente, invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir al régimen para ampliar su alcance territorial.