Pericia en la causa por las computadoras para la Policía apunta a impresoras de otra área estatal

En el marco de la investigación que lleva adelante la UFI Delitos Especiales por la compra de computadoras para la Policía durante la gestión anterior, surgió un dato que refuerza nuevas líneas de análisis: las impresoras halladas habrían pertenecido a otra repartición del Estado. La hipótesis se consolidó a partir de la pericia informática realizada sobre los equipos secuestrados.

Según fuentes oficiales, al imprimir el contenido almacenado en la memoria de las impresoras apareció material correspondiente al Ministerio de Educación. Ese hallazgo llevó a inferir, en esta etapa inicial, que los equipos no solo no eran nuevos, sino que además habrían estado en uso dentro de otra dependencia de la administración pública provincial.

Hasta el momento hay cinco personas involucradas, entre ellas dos policías. Desde la fuerza confirmaron que se les iniciará un sumario administrativo. La causa fue formalizada por el fiscal Roberto Ginsberg ante la jueza Flavia Allende, quien recibió el pedido de un plazo de un año para desarrollar la investigación.

La imputación alcanzó a cuatro de los señalados por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El expediente se originó por la compra de 150 computadoras, 20 impresoras y 10 tablets, por la que la provincia pagó 90 millones de pesos, aunque los equipos nunca llegaron a las comisarías.

El caso tomó impulso cuando el exjefe de la fuerza, Luis Walter Martínez, pidió que se investigara el hecho. Más adelante, María de Lourdes Quiroga Coll, apoderada y administradora titular de SCH Emprendimientos SAS, presentó una nota en el Tribunal de Cuentas en la que sostuvo que "los bienes estaban almacenados en un depósito privado, ubicado en calle Estados Unidos 685 Sur, Capital, propiedad de la firma Electro3".

Tras esa presentación, y por orden judicial, se allanó el lugar y se secuestró equipamiento informático embalado que coincidía con lo adquirido por la Policía. Sin embargo, una pericia determinó que las computadoras no se correspondían en sus características técnicas con las compradas, ya que no contenían la memoria RAM prevista en el decreto de compra. También trascendió que la licencia oficial de Windows había sido instalada dos meses antes del hallazgo, pese a que los papeles indicaban que los equipos habían sido "entregados" hacía más de un año.

En el caso de las impresoras, fuentes oficiales confirmaron que eran usadas. Como estos equipos conservan en su memoria interna los últimos documentos enviados a imprimir, la documentación recuperada permitió advertir información vinculada a una dependencia estatal, en particular al Ministerio de Educación. Esa pista, por ahora, sostiene la presunción de que las impresoras habrían pertenecido a esa área, aunque no se descarta que el avance de la investigación modifique esa interpretación.

La Fiscalía de Estado, querellante en la causa, también adhirió al plazo de un año para la investigación. Entre los imputados figuran Quiroga Coll, Enzo Ariel Fava, Jorge Eduardo Santoni, Juan José Valverde y Juan José González. A Fava, Santoni, Valverde y González se les atribuye además incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Desde la Subsecretaría de Gestión y Control de la Seguridad Pública, a cargo de Damián Villavicencio, confirmaron que se abrirá un sumario administrativo para analizar la actuación de González y Valverde. Por el momento, González continuará al frente de la Comisaría Buenaventura Luna, en Rawson, mientras que Valverde seguirá en la Sección Bomberos D-9. Tras la formalización, el único que, a través de su abogado, pidió copia del expediente fue Fava.