La Casa Rosada analiza reformular el debate sobre discapacidad y universidades dentro del Presupuesto 2027
El Ejecutivo estudia incorporar cambios en dos leyes con fuerte impacto fiscal al proyecto que enviará al Congreso antes del 15 de septiembre. La estrategia depende de cerrar acuerdos con gobernadores y aliados para evitar una nueva derrota legislativa como la de diciembre de 2025.
El Gobierno evalúa incluir modificaciones en las leyes de Discapacidad y de Financiamiento Universitario dentro del proyecto de Presupuesto 2027, que será remitido al Congreso antes del 15 de septiembre. En el oficialismo consideran que esa alternativa permitiría atenuar el impacto fiscal de dos normas que ya habían intentado revisar en diciembre de 2025, sin éxito en la votación particular del Presupuesto 2026.
La definición, no obstante, sigue abierta. En despachos oficiales señalan que la posibilidad "persiste", aunque su avance quedará supeditado a que la mesa política consiga consensos con gobernadores y bloques aliados. "En diciembre de 2025 se intentó y no se pudo", afirman en Nación, al resumir una derrota que atribuyen a impericia, exceso de confianza tras la victoria electoral y falta de trabajo previo con las provincias.
La Casa Rosada había incorporado en el Presupuesto 2026 un capítulo para derogar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, ambas vetadas por Javier Milei y luego ratificadas por el Congreso. Aunque Diputados aprobó el presupuesto en general, rechazó ese tramo en particular. Ahora, en Balcarce 50, buscan evitar que se repita ese escenario y aspiran a llegar a septiembre con respaldos más firmes para la reforma electoral, el Presupuesto y otras iniciativas económicas.
En el entorno presidencial sostienen que, si los gobernadores quedan alineados con Milei de cara a 2027, tendrán menos incentivos para votar en contra de una ley central para el oficialismo. Por eso, el proyecto presupuestario aparece como la vía más viable para ordenar la discusión fiscal y encuadrar el debate sobre universidades y discapacidad dentro del cálculo general de recursos y gastos.
El frente universitario es el más judicializado. La Corte Suprema dejó firme una cautelar que obliga al Gobierno a cumplir dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados con la actualización salarial de docentes y no docentes y la recomposición de becas estudiantiles. En el Ejecutivo remarcan que ese pronunciamiento no resuelve el fondo de la controversia y que, por ahora, alcanza solo a un costo parcial de la norma.
