Reabren la causa contra el exentrenador de Unión y avanzan con la imputación por estafa

La situación judicial de Gastón Solera volvió a modificarse tras la decisión de la fiscalía de considerar incumplido el acuerdo de reparación integral que había suscripto con las denunciantes. En ese marco, el exdirector técnico de Club Unión de Villa Krause fue imputado por dos presuntos hechos de estafa vinculados con un perjuicio cercano a los $60 millones.

La audiencia se desarrolló ante el juez de Garantías Pablo León, con la intervención del fiscal Guillermo Heredia y del ayudante fiscal Gabriel Blanco, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Allí se expuso que el convenio firmado el 27 de abril perdió vigencia porque Solera no cumplió con la devolución del dinero pactada, motivo por el cual se solicitó la formalización de la investigación penal.

El magistrado autorizó la investigación penal preparatoria por un plazo de 12 meses y dispuso que el imputado continúe en libertad bajo medidas de coerción. Entre ellas, deberá presentarse mensualmente en la comisaría correspondiente a su domicilio, tiene prohibido salir del país y no podrá mantener contacto con los denunciantes.

Uno de los hechos fue denunciado por el expolicía Martín Leites, quien afirmó haber entregado alrededor de $43 millones para la compra de una vivienda ubicada en el barrio Del Bono, en Capital. Según la acusación, Solera le aseguró que el inmueble había sido adquirido en un remate judicial y que podía venderse por debajo del valor de mercado, aunque luego se comprobó que la propiedad pertenecía a otra persona.

El segundo episodio tiene como denunciante al expolicía Néstor Vargas. De acuerdo con la fiscalía, Solera le ofreció la posibilidad de adquirir una Toyota Hilux y una Volkswagen Amarok que supuestamente serían subastadas por el Poder Judicial. Entre fines de 2021 y principios de 2022, Vargas realizó distintos pagos y luego un nuevo desembolso tras recibir la promesa de que el remate estaba próximo.

La investigación agrega que personas que se presentaban como supuestos funcionarios de un juzgado civil mantuvieron contacto con la víctima y le indicaron que solo restaban trámites administrativos antes de la entrega de los vehículos. Sin embargo, las camionetas nunca fueron entregadas y el dinero no fue reintegrado. En abril de este año, Solera había conseguido suspender el avance de la causa mediante un acuerdo de reparación integral, pero al no cumplirlo la fiscalía dejó sin efecto ese beneficio y avanzó con la imputación formal.