Imputaron a dos arquitectos y un empresario por una presunta estafa de US$240.000

Una investigación por una presunta defraudación vinculada al sector inmobiliario sumó un nuevo capítulo en la Justicia sanjuanina. Dos profesionales de la arquitectura y un empresario fueron imputados tras una denuncia presentada por dos abogados que afirman haber prestado 240.000 dólares para concluir un emprendimiento habitacional y que, pese al paso del tiempo, nunca recuperaron el dinero.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Informáticos y Estafas, que sostiene que la operación habría sido respaldada con bienes que, al momento de exigir su ejecución, ya no se encontraban disponibles.

Un préstamo para terminar una obra

De acuerdo con la hipótesis que investiga el Ministerio Público Fiscal, la operación financiera se concretó a fines de 2023. El dinero habría sido solicitado con el objetivo de finalizar la construcción de un complejo de departamentos ubicado en el departamento Rawson.

Como garantía del préstamo, los denunciantes recibieron el compromiso de varias unidades funcionales del emprendimiento y distintos vehículos, bienes que servirían para responder en caso de incumplimiento.

Sin embargo, cuando vencieron los plazos pactados y los acreedores intentaron hacer efectivos esos respaldos, descubrieron que gran parte de los inmuebles ya habían sido vendidos y que algunos de los rodados también habían cambiado de titularidad antes de celebrarse el acuerdo.

Para la Fiscalía, esta situación constituye uno de los principales indicios que sustentan la sospecha de una maniobra fraudulenta.

Tres personas bajo investigación

Los imputados son los arquitectos Esteban Fernández De Cieza y María José Garcés Correa, junto al empresario Ricardo Javier Sánchez Montilla.

El fiscal Nicolás Alvo les atribuyó diferentes niveles de participación en los hechos investigados. Mientras que los dos hombres fueron imputados como presuntos coautores del delito de estafa, la arquitecta quedó vinculada al expediente en carácter de presunta partícipe secundaria.

Los denunciantes sostienen que el incumplimiento no fue consecuencia de dificultades económicas surgidas con posterioridad, sino que existió desde un primer momento la imposibilidad de responder con las garantías ofrecidas.

Un acuerdo que no llegó a concretarse

Antes de que la investigación avanzara hacia la etapa penal, las partes intentaron resolver el conflicto mediante una negociación extrajudicial.

Según trascendió durante la audiencia, el empresario se había comprometido a cancelar una parte de la deuda mediante cinco pagos de 20.000 dólares, mientras que el saldo restante quedaría a cargo del matrimonio de arquitectos.

No obstante, ese entendimiento nunca llegó a cumplirse. La investigación sostiene que únicamente se abonó una cuota correspondiente a los arquitectos y que el empresario no concretó el primer pago comprometido.

Ese incumplimiento terminó por frustrar la negociación y derivó en la continuidad del proceso judicial.

Investigación abierta y medidas patrimoniales

La jueza de Garantías Mabel Moya hizo lugar al pedido de la Fiscalía y habilitó la apertura de la Investigación Penal Preparatoria por el plazo de doce meses.

Durante ese período, los tres imputados continuarán el proceso en libertad mientras se incorporan nuevas pruebas para determinar si existió o no el delito denunciado.

Como medida cautelar, la magistrada dispuso el embargo preventivo y la inhibición general de bienes respecto del matrimonio de arquitectos. En cambio, decidió no adoptar esa restricción patrimonial sobre Sánchez Montilla.

Otro antecedente judicial

El empresario inmobiliario ya había sido mencionado en otra investigación relacionada con presuntas irregularidades en desarrollos habitacionales, expediente en el que también figura como imputado.

Durante la audiencia, su defensa negó cualquier responsabilidad en la operación bajo análisis y sostuvo que no suscribió la documentación correspondiente al préstamo, afirmando que las garantías cuestionadas fueron asumidas exclusivamente por la pareja de arquitectos.

Con la formalización de la causa, la Fiscalía comenzará ahora una etapa clave para reunir pruebas, tomar nuevas declaraciones y definir si la evidencia reunida resulta suficiente para solicitar la elevación del expediente a juicio.