La Justicia cerró la puerta al planteo de los exjefes de OSSE y ratificó que aún no tienen rol procesal

La investigación judicial que analiza posibles irregularidades en la ejecución del Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo con una resolución que limita la participación de los expresidentes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, en esta etapa del proceso.

El juez de Impugnación Eduardo Raed rechazó la recusación presentada por la defensa de ambos exfuncionarios contra la jueza de Garantías Mónica Lucero y confirmó que la magistrada continuará interviniendo en el expediente. En el mismo fallo, el magistrado dejó establecido que los presentantes aún no poseen la condición jurídica necesaria para promover medidas de prueba o formular planteos procesales.

La presentación había sido impulsada por el abogado Mohamed Nasser Uzair, quien cuestionó la actuación de Lucero luego de que la magistrada autorizara una prórroga de 90 días para que la Unidad Fiscal de Delitos Especiales continúe con la investigación preliminar. La Fiscalía argumentó que aún resta analizar abundante documentación y recibir informes considerados relevantes para determinar si existieron hechos con relevancia penal.

Durante las audiencias previas, la jueza dispuso que Sirerol y Ruiz fueran notificados debido a que habían realizado una presentación espontánea en el expediente. Sin embargo, aclaró que esa intervención únicamente les otorgaba el carácter de interesados, sin convertirlos en partes del proceso. La defensa interpretó que esa notificación les habilitaba a solicitar diligencias y cuestionar decisiones judiciales, criterio que fue rechazado.

Al revisar el caso, Raed respaldó esa interpretación y explicó que la causa permanece en una fase preliminar, anterior a una eventual formalización. En consecuencia, sostuvo que los exresponsables de OSSE todavía no fueron incorporados como imputados y, por ese motivo, carecen de legitimación para requerir pericias, testimoniales u otras actuaciones reservadas a quienes tienen participación formal en el expediente.

El magistrado también señaló que permitir la comparecencia de personas que realizaron una presentación espontánea no implica reconocerles todos los derechos procesales previstos para las partes. Según la resolución, en esta instancia únicamente pueden solicitar información sobre el avance de la investigación, sin intervenir activamente en la producción de prueba.

Además del intento de apartar a la jueza Lucero, la defensa promovió un planteo para que sean separados los fiscales de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales que llevan adelante la investigación. Ese pedido deberá ser resuelto por el Ministerio Público Fiscal, cuya decisión se conocería en los próximos días.

La investigación se inició a fines del año pasado tras una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia, quien solicitó que se analizaran presuntas irregularidades vinculadas con las contrataciones realizadas para la construcción del Acueducto Gran Tulum. Entre otros puntos, pidió que se investigara un supuesto direccionamiento de licitaciones relacionadas con la provisión de caños utilizados en la obra y la eventual responsabilidad penal de exfuncionarios de la gestión provincial 2019-2023.

Con esta resolución, la Justicia ratificó que la pesquisa continúa exclusivamente bajo la conducción del Ministerio Público Fiscal y que cualquier definición sobre posibles imputaciones dependerá de los resultados que arroje la investigación en curso, una vez concluida la etapa preliminar de recolección y análisis de pruebas.